El caso de los municipios que retiraron plata por ventanilla del banco sin ninguna justificación, y en coincidencia con fechas electorales de 2023, ingresó en una instancia decisiva. La Fiscalía Federal tiene en su poder la denuncia de la Justicia nacional que en Catamarca involucra a tres comunas del interior, dos de ellas actualmente en poder del peronismo. Aunque a primera vista se trata de una maniobra burda, el dato a tener a cuenta es que los intendentes tuvieron una autorización administrativa superior para extraer dinero y gastar a discreción.
La investigación inicial estuvo a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo autónomo que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. La UIF recibe informes de los bancos denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que se elaboran a partir de movimientos de dinero que no tienen justificación económica o jurídica y que han superado la categoría de “inusuales”.
En 2024, el organismo ordenó los reportes remitidos por los bancos, detectó un patrón en los retiros, elaboró una “tipología” de delito que distribuyó entre los sujetos obligados y remitió el informe a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la fiscalía especializada en estos delitos. El informe incluye montos, retiros y nombres, algunos de los cuales coincidían con los de los empleados de los municipios investigados.
A su vez, en diciembre pasado PROCELAC hizo la denuncia en la Cámara Nacional Electoral, la cual la envió a la Justicia de las jurisdicciones involucradas. Las provincias más comprometidas son Tucumán, Salta y Catamarca, donde se habría producido un desfalco de casi 40.000 millones de pesos entre 8 municipios.
Dado que el retiro de fondos aumentó exponencialmente en la previa de las elecciones provinciales y nacionales de 2023, el fiscal de la PROCELAC, Diego Velazco, sostiene la hipótesis de que los fondos fueron utilizados para la campaña electoral.
“Significativos fondos públicos fueron extraídos en efectivo, sin justificación, de cuentas bancarias de diversas municipalidades de las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta, pudiendo haber sido destinados –al menos en parte– a campañas de las últimas elecciones nacionales y provinciales″, dice la presentación.
La denuncia es por la probable comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita, lavado de activos y la posible violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Allí también se nombran a todas las autoridades de los municipios implicados en las extracciones.
Por el lado de Catamarca, los tres municipios señalados en la denuncia son Icaño (La Paz), cuyo intendente es el peronista Franco Carletta; Belén, durante la gestión anterior del radical Daniel “Telchi” Ríos; y Corral Quemado, conducido por Octavio Isidro Gómez, también de la UCR. Entre los tres habrían retirado por ventanilla del Banco Nación más de $2.500 millones en un periodo de dos a tres años.
Investigación
El tema de los cobros de cheques por ventanilla fue revelado por INFORAMA en febrero de 2024. Los reportes bancarios analizados por la UIF entonces dieron cuenta de que 11 municipios catamarqueños de distintos signos políticos extrajeron un total de $1.995.369.985. La mayor parte en coincidencia con las elecciones PASO de agosto y las generales de octubre de 2023.
Sin embargo, la denuncia final de la PROCELAC solo alude a 3 municipios y además extiende el plazo de la observación hasta diciembre de 2021 en los casos de Icaño y Corral Quemado, y hasta mayo de 2022 en el de Belén. Habría que suponer que los 8 restantes pudieron justificar a tiempo los retiros de dinero ante la UIF.
El que más plata retiró sin justificación fue el municipio manejado por Carletta. Entre diciembre de 2021 y junio de 2024, cobró cheques por la ventanilla del Nación por más de $1.113 millones. Le sigue la comuna del radical Gómez, que en el mismo periodo hizo retiros por $771 millones, mientras que la de Belén figura con casi $624 millones entre mayo de 2022 y diciembre de 2023.
Carletta y Gómez lograron la reelección en sus respectivas intendencias, mientras que Ríos no pudo celebrar el triunfo de su candidata, Graciela Moreno, quien cayó a manos del peronista Cristian Yapura.
La investigación del hecho en Catamarca está en manos del fiscal federal Santos Reynoso. Según adelantaron fuentes de la Fiscalía a INFORAMA, el proceso a seguir en adelante será relativamente extenso, ya que deben oficiar al Banco Nación para que informe cuáles son o fueron los funcionarios municipales autorizados para retirar dinero, los montos y si hubo o no alguna justificación. Y además restan las auditorías en las comunas.
Por el lado de Carletta, el municipio hizo una presentación espontánea en la Fiscalía, la cual hasta la semana pasada aún no había sido analizada. Los otros dos municipios, según trascendió, esperan ser notificados antes de responder.
Pese a que la investigación de Reynoso está en su etapa inicial, las fuentes señalaron a este medio que esperan cerrarla antes de las elecciones legislativas de octubre próximo.
Responsabilidad superior
El informe que la UIF presentó a la fiscalía sobre los ocho municipios investigados de Catamarca, Tucumán y Salta destacó maniobras tales como:
- Extracciones en efectivo por importes muy significativos desde cuentas municipales.
- Depósitos en cuentas personales de empleados públicos de las mismas localidades. Esas personas no tenían capacidad de ahorro ni justificar el origen del dinero.
- Compra de dólar MEP con esos fondos y posterior retiro en efectivo.
¿De qué se tratan los fondos en cuestión? En rigor, debido a que el grueso de los recursos que reciben los municipios, como pagos de sueldos y a proveedores, se realiza a través de transferencias o cheques, esos retiros de billetes por ventanilla y en grandes cantidades por parte de funcionarios representan maniobras evidentemente inusuales y sospechosas.
En los casos denunciados en Catamarca por la fiscalía especializada en delitos económicos, los fondos no eran coparticipación municipal ni de programas específicos, sino lisos y llanos aportes discrecionales del Ejecutivo provincial a las intendencias.
En efecto, las órdenes para el retiro de los fondos tenían como origen la Tesorería General de la Provincia, que era la que habilitaba los pagos al Banco Nación. Los intendentes, o sus encargados autorizados, ni siquiera tuvieron el cuidado de extraer el dinero por partes, sino que cobraban todo, hasta el último centavo, de una vez.
De manera que el Gobierno tiene una responsabilidad innegable con el desfalco de los municipios. ¿Se hará cargo o dejará que los intendentes se arreglen como puedan en la Justicia?
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