Un funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia compró más de $55 millones en insumos a una empresa a nombre de su madre. Las compras fueron autorizadas por su pareja, quien también era funcionaria y estaba al mando del área administrativa. Un perfecto negocio familiar. Es improbable que el máximo responsable del ministerio, Lucas Zampieri, que además es contador, haya desconocido este círculo corrupto que tenía al lado.
Los protagonistas de la trama son el médico Caleb Carlos Camji, exjefe de la Dirección Provincial de Medicina Social Integral (DIPROMESI); su pareja, Ana Gabriela Rizo, exsecretaria de Administración de la cartera de Salud; y su madre, Miryam Iris del Valle Carrizo, titular de la firma “M&C Insumos”. Camji y Rizo fueron designados por el Zampieri el 9 de diciembre de 2023, cuando éste asumió como ministro de Salud.
En un tramo de 2024, el primer año de gestión, Camji montó, con el visto bueno de su pareja contadora, una operación que le permitió favorecer a su madre o directamente a sí mismo con la compra de insumos para la DIPROMESI por $55,6 millones sobre un total de $85,7 millones.
Y es de suponer que el “curro” hubiera continuado sin más si el diputado provincial Tiago Puente (UCR) no lo revelaba. En efecto, el pasado martes 11, el legislador presentó una denuncia penal en la Fiscalía General contra Camji, Rizo y Carrizo por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Como pruebas, adjuntó órdenes de compra y facturas de “M&C insumos” de colchones ortopédicos y comunes, y un listado de 13 expedientes de las operaciones realizadas en su totalidad en forma directa, esto es, sin licitación previa ni ningún otro mecanismo que garantice competencia. Puro direccionamiento a un proveedor.
✉ Comparto las pruebas que aportamos en la denuncia que realizamos ayer a los funcionarios de salud. pic.twitter.com/oIDTwSHJPv
— Tiago Puente (@TiagoPuente) February 12, 2025
“M&C insumos” declaró domicilio legal en Juan de Almonacid 28, en la zona Oeste de la Capital. En esa cuadra no existe ningún local que exhiba un cartel con el nombre de la firma, ni tampoco un galpón de acopio de mercadería. Tal como sucedía con las controvertidas y millonarias compras directas de Acción Social en la gestión de Víctor Hugo Brandán, en 2003, cuando los proveedores declaraban domicilios formales porque al negocio lo hacían por teléfono.
Reacción urgente
La misma mañana que el diputado Puente presentó la denuncia penal, el Ministerio de Salud anunció a través de un comunicado que Camji y Rizo habían sido separados “en forma inmediata de sus cargos”.
"Las autoridades del Ministerio de Salud han dispuesto la apertura de una investigación interna con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades o hechos delictivos que involucrarían a funcionarios de medio rango, para así esclarecer la situación y determinar posibles responsabilidades”, afirmó. Y concluyó: “El Ministerio reafirma su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y el respeto a la normativa vigente".
¿No tuvo durante un año ningún mecanismo administrativo en funcionamiento que asegurara tal compromiso? ¿Cómo habría continuado el manejo de estos fondos públicos si no saltaba la denuncia penal? ¿El caso de la DIPROMESI no demanda una auditoría general del ministerio?
Lo cierto es que la “investigación interna” quedó en segundo plano: el mismo día, por orden superior, se firmaron los decretos por los cuales se dejaron sin efecto las designaciones de Camji y Rizo. Y al mismo se designó a la contadora Lucía Ortiz al frente de la Secretaría de Administración de la cartera sanitaria.
Camji y Rizo se enteraron de que habían sido denunciados en la Justicia y echados del ministerio cuando se encontraban de vacaciones en una playa del Caribe.
Función social
La misión de la DIPROMESI es atender las demandas de personas sin cobertura social, garantizarles el acceso a medicamentos de alto costo, prótesis comunes y complejas, traslados terrestres y aéreos en vuelos sanitarios, cirugías, tratamientos oncológicos, estudios de alta complejidad y laboratorios específicos, entre otros servicios.
En octubre de 2024, Camji se enorgullecía de haber destinado más de $2.060 millones a la asistencia de personas sin obra social y de haber tramitado unos 600 expedientes con ese fin. “No se trata solo de entregar insumos, sino de acompañar a quienes están en situaciones de vulnerabilidad, asegurando que reciban la atención integral que merecen. Desde una cama ortopédica hasta un tratamiento oncológico, cada trámite refleja nuestro esfuerzo por hacer que el sistema de salud llegue a todos", expresaba.
Solo le faltó mencionar los colchones ortopédicos que se auto compraba para completar esas camas.
Por lo pronto, la DIPROMESI no tiene sucesor para Camji.
Padrinazgos políticos
Para Zampieri, quizás el despido de Rizo le produjo más contrariedad que el de Camji, porque ella lo acompañó como secretaria de Administración en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente desde febrero de 2023. De hecho, que la haya llevado para que cumpla la misma función en Salud es una demostración de la confianza que le tenía.
En el esquema político oficialista, Zampieri representa una de las patas más importantes del dussismo, o más precisamente del vicegobernador Rubén Dusso. El vínculo entre ambos se remonta a los 2000, cuando Zampieri era contador de la empresa constructora Ducanor, propiedad de Dusso.
Con el advenimiento del peronismo al poder en 2011 tras dos décadas del Frente Cívico y Social, la entonces gobernadora Lucía Corpacci designó a Dusso como ministro de Obras Públicas. Y éste llevó como secretario de Administración a Zampieri.
En 2019, Dusso asumió como vicegobernador de Raúl Jalil, y entre las cuotas de poder que se reservó para su familia y sus colaboradores de siempre no podía faltar Zampieri, quien desembarcó como presidente de la empresa de energía estatal, EC Sapem.
En septiembre de 2023, Zampieri ascendió a ministro del Agua, Energía y Medio Ambiente en reemplazo de Alberto Kozicki, quien fue designado por la Nación como presidente ejecutivo del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).
A fines de ese año, Jalil hizo varios cambios en el gabinete; entre ellos, el de Zampieri por la médica Manuela Ávila. Tras algunas vacilaciones, el contador asumió con la misión de “ordenar” administrativamente la cartera sanitaria y reducir gastos. ¿Hizo la vista gorda con la DIPROMESI?
En la interna oficialista, hablar de Zampieri es hablar de Dusso, su padrino político. Por ello, el episodio de corrupción que reventó en el Ministerio de Salud es una factura que le pasan más al vicegobernador que al ministro.
Posiblemente Zampieri se sienta traicionado por Camji y más aún por Rizo, pero por su voracidad y torpeza. Porque es absolutamente inverosímil afirmar que desconocía este burdo negocio familiar montado con los recursos del organismo social de Salud. Más todavía con su experiencia como administrador y controlador de gastos.
El caso de la DIPROMESI abre más interrogantes: ¿cuántos circuitos de este tipo (autocompras, favoritismo familiar, enriquecimiento) existen en el Estado provincial? ¿Los responsables políticos de cada área los permiten porque no salen a la luz? ¿Hay alguna chance de que el Tribunal de Cuentas se ocupe de corregir estos desvíos? ¿O solo queda resignarse a que esta versión de la política es esencialmente corrupta?
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