Cuando se trata de defender los intereses de la Provincia, el debate ideológico o partidario pasa a un segundo plano. En el caso del retorno del Impuesto a las Ganancias que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, los beneficios fiscales para Catamarca son tangibles y altamente favorables. Pero los legisladores del oficialismo provincial no apoyaron en bloque. Es probable que esa “rebeldía” tolerable sea parte del acuerdo político del gobernador Raúl Jalil con el Gobierno nacional.
De acuerdo con un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige el economista Nadín Argañaraz, Catamarca será la segunda provincia del país más favorecida por la coparticipación de Ganancias, ya que recibirá $110.544 por habitante. En total, serían $47.485 millones anuales.
Que Catamarca embolse más fondos por la distribución de ese impuesto se relaciona directamente con el bajo nivel salarial de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurre en las provincias patagónicas. A partir de la ley, el impuesto será pagado por trabajadores con ingresos brutos de $1.800.000 (solteros) y $2.400.000 (casados con dos hijos menores)
Hasta mayo pasado, Catamarca había perdido un 0.01% del Producto Bruto Interno (PBI) en concepto de transferencias automáticas a las provincias. En fondos concretos, eso representó casi $59.000 millones menos en el primer cuatrimestre. La razón fue que dejó de percibir el reparto de Ganancias.
Es decir, siguió pagando las consecuencias de la eliminación del tributo en la cuarta categoría que dispuso el exministro de Economía de la Nación Sergio Massa, en el marco de su carrera electoral como candidato a presidente de Unión por la Patria en 2023. Una medida que entonces fue disciplinadamente apoyada por los legisladores nacionales del oficialismo catamarqueño.
NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIAS
— Sergio Massa (@SergioMassa) September 29, 2023
Desde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk
Uno y uno
En el debate legislativo de la Ley Bases y el paquete fiscal, hubo dos asuntos que generaron mayor controversia en la provincia: la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la vuelta de Ganancias.
El RIGI prevé diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para el ingreso de inversiones para bienes de capital, repuestos y componentes. Alcanza a “titulares de un único proyecto” de inversión que supere los US$ 200 millones.
El régimen se circunscribe a las inversiones en el sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Y dispone garantizar estabilidad fiscal por 30 años.
Una de las modificaciones que el Gobierno nacional aceptó incorporar fue el desarrollo de proveedores locales. La ley especifica que cada proyecto tendrá que proponer al menos un 20% de la totalidad de inversión en proveedores en organizaciones nacionales, "siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".
Las posturas de los principales referentes políticos del oficialismo provincial estuvieron divididas desde el primer momento. Mientras que el gobernador Jalil se mostró a favor de “acompañar algunas medidas del Gobierno nacional”, la senadora nacional y presidenta del PJ catamarqueño, Lucía Corpacci, opinó que le parecía “un espanto todo en la Ley Bases”. Sobre el RIGI en particular, dijo que no podía apoyarlo porque la provincia perdería poder de decisión en materia minera.
En declaraciones a la prensa nacional, Jalil reconoció que la creación de ese régimen de incentivos “era un capítulo que todas las provincias mineras habíamos quedado en acompañar. El crecimiento de la Argentina va a venir por la inversión y esperemos que se pueda aprobar en el Senado”.
A la hora de la votación en la Cámara alta, Corpacci mantuvo su posición y lo hizo en contra. En cambio, su par Guillermo Andrada, exsecretario de Prensa del Gobierno, votó por la afirmativa respecto al RIGI. Fue el primer guiño del Ejecutivo provincial a Casa Rosada.
El segundo fue con el retorno del Impuesto a las Ganancias. Corpacci siguió la misma postura opositora del kirchnerismo y votó en contra. Y Andrada, en línea con las tratativas de la Gobernación con Casa Rosada, se expresó en forma positiva. En septiembre de 2023, había estado a favor de eliminar el impuesto sobre los ingresos altos de los trabajadores.
Último round
Para la vuelta final del capítulo Ganancias en la Cámara de Diputados de la Nación, la semana pasada, los legisladores alineados con el Gobernador tuvieron otra conducta. Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez, quienes en el primer debate se abstuvieron de votar, esta vez lo hicieron afirmativamente.
Por su parte, el tinogasteño Sebastián Nóblega fue coherente con su primer voto a favor de Ganancias y lo repitió. Y también fue coherente, aunque en un sentido inverso, Silvana Ginocchio -esposa del Gobernador-: se abstuvo de votar en ambas ocasiones.
En su cuenta de “X” (exTwitter), Ávila defendió su apoyo a la norma. "La restitución de Ganancias, en un contexto de asfixia fiscal por parte del Gobierno nacional, es fundamental para la economía de nuestra provincia", expresó.
La restitución de Ganancias, en un contexto de asfixia fiscal por parte del Gobierno nacional, es fundamental para la economía de nuestra provincia. Abro hilo al respecto. 🧵
— Fernanda Ávila (@AvilaFernandaOk) June 28, 2024
Comparaciones
En rigor, lo que Catamarca recibirá por la recaudación de Ganancias no es poca cosa. Se pueden considerar dos ejemplos de áreas sensibles: salud y viviendas.
Con esos casi $47.500 millones que la Provincia embolsará por el regreso de Ganancias a la torta coparticipable podría financiar una decena de obras como la fallida ampliación del Hospital San Juan Bautista, que fue adjudicada a la empresa riojana UMG Compañía Minera por casi $4.000 millones. Una obra que, como estaba solventada por recursos nacionales, quedó fuera de la planificación al asumir la presidencia Javier Milei.
En cuanto a viviendas, la Caja de Prestaciones Sociales de la Provincia empezó a otorgar créditos hipotecarios de hasta $30 millones para construir casas de 60 metros cuadrados, como las que se ejecuta el IPV en Valle Chico. O sea, podría construir un total de 1.580 nuevas viviendas de esas características.
Dicho en otros términos, las disidencias políticas en el Congreso de la Nación pueden ser válidas cuando se refieren a cuestiones ideológicas, como el uso del lenguaje inclusivo o las prerrogativas tolerables a los gremios, pero no a los recursos fiscales que en efecto pueden contribuir al bienestar de los catamarqueños.
Esos deberían ser los “intereses de la provincia” que sus representantes en el Congreso de la Nación se comprometen a defender.
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