Para el Gobierno, los contribuyentes catamarqueños no serán afectados por ningún “impuestazo” inmobiliario, sino por un “pequeño ajuste”. Los diputados radicales proponen que el Poder Ejecutivo declare “nula” la nueva valuación de los inmuebles del 300%, por tener carácter confiscatorio y una serie de vicios formales. Es decir, que acepte que hizo todo mal y tiene que dar marcha atrás. Imposible. Pero todo indica que el pragmatismo ciudadano tendrá más fuerza: hoy lo primero es la subsistencia.
A fines de febrero pasado, INFORAMA publicó un informe sobre el incremento en el impuesto inmobiliario 2024 del orden del 500% promedio, o sea el doble de la inflación anual estimada en Argentina. Tal porcentaje de incremento corresponde al pago anual con descuento. En ninguno de los casos considerados la variación de un año a otro fue inferior a 400%. El relevamiento fue realizado en inmuebles y sitios baldíos de Capital y Valle Viejo.
Ante las repercusiones públicas del tema, tres semanas después el administrador de Rentas provincial, Lisandro Juárez Aliaga, dijo que el incremento del tributo no supera el 300% y que el 85% de los contribuyentes no pagará más de $40.000 por todo el año. “La media -indicó- es de $65.000”.
"Tuvimos que hacer un pequeño ajuste en la cuota y de allí se produce este incremento del 300% en el valor fiscal”, afirmó Juárez Aliaga. Y reiteró la excepción establecida en la Ley Impositiva 2024 por la cual el impuesto quedó “topeado” en 150% para aquellos contribuyentes que posean un solo inmueble.
Sin embargo, en el informe de este diario se citó el ejemplo de una jubilada propietaria de una única vivienda en un barrio del Este capitalino, que el año pasado pagó $7.356 por el impuesto inmobiliario y en 2024 le llegó una boleta de $46.218. O sea, tuvo un incremento del 628%. Por lo visto, la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) deberá revisar su base de datos.
Propuesta utópica
En la sesión del miércoles último, el bloque de diputados de la UCR presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo provincial “declare la nulidad absoluta de los nuevos valores asignados a los inmuebles (valuación fiscal) por la Dirección General de Catastro, dependiente de ARCA”.
Para la bancada opositora, la nueva valuación fiscal tiene “vicios de forma que la tornan irregular, de índole confiscatoria, contraria a nuestro sistema normativo vigente y, por ende, ilegal”. Por ello le piden al ARCA que “se abstenga de exigir a los contribuyentes el pago del impuesto inmobiliario en virtud de los valores indebidamente fijados” y que limite el aumento “al tope establecido en la Ley Impositiva 5830 para el ejercicio del año 2024”. Esto es, un 150% por todo concepto.
A criterio de los diputados radicales, el Poder Ejecutivo, a través del ARCA, pasó por encima del artículo 177 de la Constitución provincial que establece que la revaluación fiscal de los inmuebles debe ser realizada “cada cinco años, a menos que una ley considere necesario hacerlo antes”.
Y que la determinación de impuestos y contribuciones para acrecentar el Tesoro provincial es un resorte exclusivo del Poder Legislativo, lo cual no ocurrió enteramente en esta ocasión con el aumento del 300% en el valor fiscal de los inmuebles. No obstante, otro caso demostrado por este medio fue que tal aumento en la valuación fue del orden del 400%.
Por otro lado, los legisladores de la UCR aseguran que ellos no votaron ningún “aumento en la alícuota” del impuesto a los inmuebles, pero sí lo hicieron. La alícuota es el porcentaje del impuesto que se aplica sobre el valor fiscal de los inmuebles.
En efecto, la Ley Impositiva aprobada en diciembre pasado llevó de 1,30% a 1,50% y 1,60% a 2% las alícuotas que se aplican sobre los dos últimos tramos de los inmuebles, que son la mayoría en los conglomerados urbanos de Catamarca.
En todo caso, lo que no aprobaron es el incremento de las valuaciones de los inmuebles, que hizo disparar el monto final del impuesto en porcentajes bastantes más altos que los que admite el Gobierno.
Lógica pura
Al margen de las consideraciones legales, y por más atendibles, que mencionan los diputados de la UCR, resulta una auténtica ingenuidad pretender que el Gobierno declare nula una actualización tributaria, que es una fuente propia de ingresos, y vuelva todo a cero. Una apuesta perdida en la primera jugada.
Tal vez el oficialismo podría sentarse a negociar una reducción del valor fiscal, un prorrateo, facilidades de pago o cualquier alternativa que permita sostener un nivel de recaudación acorde a la inflación y a las posibilidades económicas de los contribuyentes.
Porque tampoco es razonable sostener, como alegan los voceros del Gobierno en la Cámara baja, que la Provincia cobra estos impuestos excedidos porque necesita recomponer la caída de recursos nacionales, como el FONID y el subsidio para el transporte.
Un par de días después de las aclaraciones del ARCA sobre los nuevos valores que dice haber puesto en las boletas del Inmobiliario, un grupo de contribuyentes salió en público a contrarrestar, como papeles en mano, la versión oficial. Mostraron incrementos de entre 540 y 1.100% respecto a lo que pagaron en 2023. Como dice la máxima peronista, la única verdad es la realidad.
Pero hay una realidad aún más cruda: en el año del ajuste más brutal del siglo en Argentina, la gente decidirá estrictamente sus prioridades con el bolsillo. En esa lógica, el fisco puede esperar.
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