Uber es multinacional y multimillonaria, está valuada en 72.000 millones de dólares, cotiza en Wall Street y opera en más de 800 ciudades del mundo. Es decir, tiene todo para defenderse donde sea. Pero no sucede lo mismo con sus conductores y clientes, que son las personas de carne y hueso que necesitan trabajar y transportarse. La puesta en marcha de la aplicación en Catamarca suscitó el mismo conflicto que en todos lados: taxis y remises llevaron su protesta a la Legislatura. Fue suficiente para que los senadores oficialistas develaran su perfil corporativo y anacrónico.
La principal controversia que rodea a la empresa es su legalidad. Desde que empezó a operar en Argentina, en abril de 2016, se debate si Uber es un servicio público de transporte, y por ende necesita de la autorización y regulación que tiene el resto de los servicios, o si se trata de un servicio de transporte entre privados al ser una empresa de tecnología.
En agosto de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso del Sindicato de Peones de Taxis de Buenos Aires que impulsaba una denuncia penal contra los responsables de Uber y sus conductores por asociación ilícita, competencia desleal e instigación a cometer delitos. El máximo tribunal desestimó el planteo porque estaba mal formulado y dejó firme el fallo de la instancia anterior que rechazaba la denuncia por “inexistencia de delito”.
Sin embargo, el rechazo de la Corte no otorga plena legalidad a Uber en el país. De hecho, la empresa mantiene conflictos en varias provincias y más aún, como es obvio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En julio de este año, la Justicia porteña determinó que la plataforma es ilegal porque viola numerosas regulaciones, aunque para Uber la discusión de fondo ya había sido resuelta hace tres años con un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que garantiza la legalidad de su participación en el transporte de pasajeros.
La medida, que no impide el funcionamiento de la app ni el trabajo de sus conductores, fue dictada por el juez Víctor Trionfetti y surge de otra demanda iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad que también incluía una intimación al gobierno porteño para actuar al respecto.
La única provincia que puso las cosas en claro fue Mendoza, donde se sancionó una ley de Movilidad que habilita el “transporte privado por plataforma”. Empresas tales como Uber, Cabify y DiDi, entre las principales, deben operar con conductores con licencias profesionales, inscribirse en un registro provincial, tener CUIT y asegurar 12 horas diarias de descanso. Deben contar con autos registrados, con verificación técnica vehicular, de no más de 5 años de antigüedad y un seguro especial. El Estado cobrará un canon por el uso de la infraestructura vial pública, tal como ocurre en San Pablo, Brasil.
El caso mendocino puede funcionar como punta de lanza para el resto de las provincias. Porque en definitiva demuestra que es mejor regular que prohibir.
Apuro corporativo
El jueves último, taxistas autoconvocados de San Fernando del Valle -en su mayoría titulares de las licencias- protagonizaron una protesta masiva frente a Casa de Gobierno, primero, y luego en la Legislatura. Reclamaron que se sancione una ley provincial que declare ilegal y prohíba el funcionamiento de la plataforma Uber en Catamarca.
Un par de horas después, en la sesión ordinaria, el bloque de senadores peronistas dio a conocer su postura en torno al conflicto en un comunicado. Los párrafos principales son los siguientes:
- "Queremos llevarles tranquilidad a las y los trabajadores, ya que en la legislación provincial y municipal el servicio de Uber no está contemplado como formato habilitado para brindar el servicio de transporte, por lo cual existen las herramientas administrativas y legales para el secuestro de vehículos y la prohibición de dicho servicio".
- "Es prioridad para nuestro frente político garantizar la libre competencia en condiciones de igualdad y equidad de todos los trabajadores del sector, como así también es prioridad mejorar las condiciones de trabajo de los choferes, y asimismo mejorar el servicio que se le ofrece a la comunidad”.
- “Queremos recordarles que en el día de ayer se han realizado secuestros por parte de la municipalidad de vehículos que estaban trabajando en esta modalidad, también el Ejecutivo provincial podrá a disposición sus facultades para controlar y verificar que el servicio de transporte de pasajeros se realice únicamente bajo la legislación actual”.
Si bien los senadores anunciaron que se conformará una subcomisión para buscar una solución a la controversia y que recibirá a los “representantes del sector y a los organismos pertinentes”, no consideraron prioritario estudiar, consensuar y sancionar una legislación que regule la actividad y permita hacer algo más que prohibir y secuestrar vehículos. Y se supone que están allí para legislar.
Peor todavía, los senadores tampoco tuvieron en cuenta la situación de los conductores de la aplicación que necesitan trabajar y, sobre todo, los intereses de los usuarios que reclaman vehículos en buenas condiciones, tarifas justas, eficiencia y libre competencia.
La protección de los consumidores
En su artículo 42°, la Constitución nacional establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Y agrega: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”.
Desde la revolución industrial hasta hoy, los avances tecnológicos han sido incesantes. Mucho más aún a partir de la pandemia de Covid-19, donde el distanciamiento impuesto aceleró el uso de las herramientas digitales. En general, la digitalización de la rutina diaria amplió las posibilidades de adquirir bienes y servicios solo con un celular en mano.
La historia enseña que los avances tecnológicos posibilitaron la creación de nuevas fuentes de trabajo, de ingresos y permitieron mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, hoy es posible realizar trámites y operaciones bancarias desde una computadora o teléfono, cuando antes demandaban mucho tiempo de espera en las sucursales.
La vida moderna está llena de nuevos servicios. Netflix, Spotify, Mercado Libre, plataformas digitales y redes sociales son algunas de las más importantes invenciones de estos tiempos que han transformado el mercado y el modo de consumo. Uber es, por supuesto, otra de ellas. No se trata de apologizarlas, sino de aceptar que están y son cada vez más determinantes.
La innovación tecnológica ha permitido, además, un incremento de la libre competencia entre proveedores de servicios privados, lo que por supuesto favorece a los consumidores. En el ámbito privado, el monopolio luce sepia.
No obstante, todavía subsisten algunos monopolios que cuentan con la protección legal del Estado. El servicio de taxis y remises es uno de ellos.
El poder más grande
Pero como sucede a menudo con las prohibiciones caprichosas, al final se impone la voluntad de la gente. Hace poco más de un mes, cuando se conoció la noticia del desembarco de Uber en Catamarca, las expresiones a favor fueron ampliamente mayoritarias.
En todas las ciudades donde estos servicios fueron censurados por los gobiernos, el resultado fue el mismo: siguieron funcionando en la clandestinidad. No solo eso, tuvieron un crecimiento exponencial. Hubo vehículos secuestrados, conductores arrestados y otros agredidos, causas judiciales -muchas aún abiertas-, multas y, sin embargo, se impuso la decisión de los clientes.
Esta semana, cuando se conoció la noticia de que ya circulaban en el valle central autos y motos de Uber, la respuesta de los catamarqueños sorprendió por lo categórica: “¡Por fin!”, fue una de las interacciones más reiteradas en los posteos de INFORAMA en las redes sociales.
Una encuesta anexada al final de un video en el cual dos periodistas de este medio hicieron su experiencia en auto y moto tuvo un resultado que demuestra el grado de aceptación: 97% por el sí, 3% por el no.
El camino inevitable, como ya se destacó en este espacio de opinión, será el de la convivencia entre taxis-remises y Uber. Que esta sea pacífica depende exclusivamente del Estado provincial y municipal.
Por ahora, el comienzo fue decepcionante. Los senadores peronistas se inclinaron a favor de sostener el monopolio legal del servicio de taxis y remises. Y les dieron la espalda a los consumidores.
Afortunadamente, el poder real reside en otro lado.
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