A un año y medio de su detención, Edgar Adhemar Bacchiani fue finalmente procesado por la Justicia Federal de Catamarca por los principales delitos de los que fue acusado: intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita. Y junto con él todos los secuaces que lo acompañaron en la monumental estafa a miles de personas: Zaraive Garcés Rusa, José Blas, Alexis Sarroca, Iván Segovia, Lucas Retamozo, Aldana Donato, Sofía Piña, Sofía Aylán, Pablo Olmi, Franco Brey y Ernesto Erdbercher Denett.
De todos ellos, solamente Bacchiani, Garcés Rusa, Blas, Sarroca y el abogado Retamozo fueron procesados con prisión preventiva, aunque conservarán la misma modalidad de detención que tienen hasta la fecha. Es decir, el “Trader God” seguirá esperando que le lleven “cigarrillos a la cárcel”, como le dijo a su madre antes de caer en desgracia.
Así, concluyó la extensa etapa de investigación realizada por la Justicia Federal, que incluyó gran cantidad de informes presentados por peritos de Gendarmería Nacional, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Procelac y plataformas financieras, entre otros, además de las denuncias de damnificados. Pero es improbable que el juicio oral y público se lleve a cabo antes de fin de año.
Uno de los aspectos más importantes que quedó pendiente fue la sospecha de insolvencia fraudulenta de los bienes de Bacchiani y compañía. El fiscal Rafael Vehils Ruiz había pedido procesar puntualmente a Retamozo, el contador Segovia y a Piña, expareja del dueño de Adhemar Capital SRL, por las supuestas maniobras de “desaparición” de inmuebles en la escribanía de Joaquina Córdoba Gandini.
Pero el juez federal Miguel Ángel Contreras consideró que no había pruebas suficientes para sostener tal acusación y dictó la falta de mérito por ese delito para los tres imputados.
Según el Código Penal, el delito de insolvencia fraudulenta procede cuando el acusado, “durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esa manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles”.
Para Contreras, “no surge del requerimiento de instrucción del Fiscal Federal, ni de las constancias probatorias incorporadas hasta el momento en autos, que los imputados Retamozo y Segovia hayan tenido conocimiento de la existencia de un proceso judicial, y que por su participación en la empresa hayan actuado para la entrega de estos bienes a sus familiares, con el fin de defraudar a la masa de acreedores de Adhemar Capital”. Un criterio similar sostuvo respecto a Piña.
Casas, terrenos, vehículos y joyas representan el tipo de bienes valiosos que los acreedores de la pandilla de Bacchiani esperan que la Justicia pueda recuperar para resarcir el daño causado. Porque por ahora no hay dólares, ni criptomonedas y ni siquiera pesos en las tan meneadas billeteras frías que nunca se pudieron desbloquear.
Propiedades en la mira
En el procesamiento, la Justicia menciona que los “encartados adquirieron bienes de lujo como ser vehículos de alta gama (Mercedes Benz y BMW, de acuerdo con el informe nominal histórico de titularidad efectuado por DNRPA Seccional Catamarca 3) e importantes propiedades inmobiliarias”.
Entre esas indica que Sarroca compró “una propiedad en el barrio La Estancita”, al igual que Blas, quien además “adquirió otra propiedad en El Rodeo”. Mientras que Bacchiani, “conforme surgiría tanto de su declaración, como la de diversos testigos y coimputados en autos, habría adquirido grandes propiedades en la avenida Circunvalación, en El Rodeo, el complejo Wika en la zona de El Jumeal, un salón de fiestas y diversas casas como ser la de las calles Dalla Lasta y Henry Saint Clair, entre otras”.
En la última declaración indagatoria ante la Justicia, Bacchiani había señalado un total de 13 inmuebles que, según dijo, estaría dispuesto a poner a consideración de la Justicia para resarcir a los clientes damnificados. Pero hizo una aclaración que sonó a burla: “La mayoría de ellas hoy están usurpadas por quienes me las vendieron”. Es decir, están pero no están. Los detalles de esas propiedades pueden consultarse en esta nota de INFORAMA.
Para los investigadores de la Justicia Federal, el conjunto de inmuebles de Bacchiani llegarían a la veintena, entre casas, fincas y loteos. Lo que resta ahora es averiguar la situación registral de cada uno. De eso se trata un eje de la investigación que seguirá en adelante, según confió a este diario una fuente judicial.
Flojo de papeles
El propio Bacchiani admitió en aquella indagatoria que si bien compró cada propiedad “en su totalidad”, no cuenta con la documentación que lo acredite. Dijo que los papeles quedaron en poder del abogado Carlos Correa, un exasesor de Adhemar Capital, de la escribana Córdoba Gandini y de Retamozo. Fue, claramente, una estrategia para mostrarse como víctima de sus colaboradores y presuntos testaferros.
Pero la verdad es que el “Trader God” ya venía operando al límite de la legalidad desde que era, en efecto, la estrella del dinero fácil y la felicidad libre de trabajo de Catamarca y alrededores en los tiempos de la pandemia, justo cuando empezó a imponerse la modalidad de hacer cualquier operación con un click.
Un caso particular a manera de ejemplo. A comienzos de 2021, Bacchiani compró un importante local comercial céntrico a un empresario inmobiliario, que a su vez lo vendió con una renta de alquiler. El nuevo propietario solo contaba con el boleto de compraventa del inmueble, no lo había escriturado.
A partir de allí, Bacchiani empezó a negociar como locador el contrato de alquiler con sus locatarios. Pero a diferencia de la mayoría de los propietarios de inmuebles, el “trader” presentaba una “factura M” como comprobante del alquiler mensual.
La factura “M” es un tipo de comprobante provisorio que deben utilizar los contribuyentes que poseen algún tipo de irregularidad en AFIP, ya sea por inconsistencias en la facturación, o por falta de presentación de algunas declaraciones juradas. Al presentar esa factura, la contraparte -en este caso el locatario- debe retener el 100% de IVA y el 6% del neto en concepto de Impuesto a las Ganancias.
En otras palabras, Bacchiani, que tanto se jactaba de estar en orden con los organismos recaudadores y la ley en general, no podía facturar como cualquier contribuyente en regla con sus negocios. Era un marginal del sistema tributario argentino.
Por otro lado, al comprar o alquilar una propiedad, Bacchiani les exigía a sus clientes que inviertan en su financiera. Lo más usual era que él pagara un 50% del inmueble, mientras el 50% restante lo pusiera a trabajar en el “mercado cripto”. Ese era el verso comercial, porque en realidad se trataba de un vulgar esquema piramidal o “Ponzi”, por el cual los nuevos clientes pagan la renta de los anteriores y así en forma escalonada.
Cuando su negocio empezó a declinar y dejó de pagar utilidades, Bacchiani tuvo que devolver aquel local porque su dueño original no cobró el 50% restante. Tras una dura negociación, este último salió de allí con un canto de victoria: acordó la anulación del boleto de compraventa y la notificación conjunta al inquilino de que habría nuevo locador. En otras palabras, recuperó el local, la renta y encima se quedó con el 50% inicial.
Una situación idéntica se dio con la operación del boliche Wika, en el corazón del paseo de El Jumeal. Bacchiani le habría pagado al empresario Cristian Guillou el 50 por ciento del local, mientras que el saldo acordaron dejarlo como inversión (en dólares). Tras el derrumbe del imperio cripto, Wika volvió a su dueño.
Habrá que rastrear y ver efectivamente en manos de quién quedaron las propiedades que Bacchiani dijo haber adquirido. Por lo que se sabe hasta aquí, no se preocupó en escriturar a su nombre, con lo cual no serían enajenables.
Es decir, del botín solo quedarían cientos de miles de dólares y/o criptomonedas resguardadas en alguna "wallet" cuyo acceso solo Bacchiani conoce.
Más Información
