A cuatro meses del asesinato del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, la investigación de la Justicia sigue empantanada. Nada nuevo ha surgido de las pericias técnicas, no hay más sospechosos y los últimos testimonios no aportaron datos relevantes. Lo único que se mueve en torno al hecho es la política y la corporación judicial, ambas movilizadas por acción de la familia Rojas. Mientras, nadie se atreve a incursionar en el terreno que podría arrojar otras pistas: el círculo público donde la víctima vivía sus horas más tensas.
La inercia del caso se interrumpió el lunes pasado, cuando los hijos de Rojas, Natalia y Fernando, junto al abogado Iván Sarquis, convocaron a la prensa para correr el velo de las fotos tomadas a la víctima cuando su cuerpo fue hallado en la galería de su casa en el norte de la Capital. Las imágenes, ciertamente impactantes, fueron publicadas -previa edición, en la mayoría de ellos- por los principales medios del país y la provincia. Y surtieron efecto: la gente se manifestó indignada por la primera versión de la “muerte natural” que dio la Justicia. Sobraban rastros de violencia en ese cuerpo.
Esa tarde, la marcha del silencio convocada por los familiares de Rojas en reclamo de esclarecimiento tuvo una adhesión extraordinaria. Hasta allí eran pocos los que caminaban junto a ellos, pero ese martes se sumaron dirigentes peronistas -como el exdiputado Armando Zavaleta- y legisladores oficialistas -como la diputada Adriana Díaz-, además de varios políticos de la oposición. El pedido de justicia adquirió otra dimensión.
Horas antes, el Gobierno y la Justicia habían dado dos claras señales de desesperación y falta de tacto.
Por un lado, desde el Ejecutivo provincial se echó a rodar la versión de que se pagaría una recompensa a quienes pudieran ofrecer datos que sirvan para la investigación del homicidio. No pasó de ser uno de esos típicos globos de ensayo que se lanzan a la espera de reacciones. Tanto que no se habló más del tema.
Si faltaba algo para terminar de ensuciar el proceso, al día siguiente habló Luis Barrionuevo en una radio nacional, tan flamígero como siempre. Si bien el líder gastronómico tuvo el mérito de cambiar el curso de la investigación al revelar que Rojas había muerto en forma violenta y no por causas naturales, como se creía hasta allí, esta vez sugirió que Fernando Rojas tuvo algo que ver con el hecho.
“Mi hipótesis va más al entorno de él que otra cosa”, dijo Barrionuevo. “¿Usted dice que el entorno familiar lo mató?”, le preguntó Eduardo Feinmann, su periodista predilecto. “Y ahí... anda por ahí todo”, respondió. Y antes y después de eso hizo varios alardes de poder, como afirmar que él fue quien “pidió” la segunda autopsia; que le dijo al gobernador Raúl Jalil -que está de gira por Asia- que ofrecer una recompensa por información “es una locura, porque habla de la incapacidad. Lo que tiene que hacer es separar a los ineptos de la Policía, a los fiscales que intervinieron y a toda la Justicia”.
Un par de horas después se supo que el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados decidió avanzar con el jury al fiscal Laureano Palacios y lo suspendió en sus funciones, aún a pesar de que no existe una acusación concreta del fiscal del tribunal en su contra. Palacios fue apartado hace más de tres meses de la investigación del crimen, la cual quedó a cargo de su par Hugo Costilla, quien tampoco pudo hacer mucho. ¿Por qué entonces el apuro por destituirlo?
¿Creerá el componente oficialista del tribunal que alcanza con ofrecer la cabeza del novato investigador, a modo de chivo expiatorio, para calmar los ánimos y ganar tiempo? ¿Hasta qué punto habrá incidido Barrionuevo en el arrebato depurador del Poder Judicial?
El Tribunal de Jury está presidido por la titular de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales. Lo integran además el senador Oscar Vera, las diputadas Cecilia Guerrero (FT) y Juana Fernández (UCR) y dos representantes del Colegio de Abogados, Pablo Nicollini y Silvia Cabrera. Según se informó, la decisión de enjuiciar a Palacios se adoptó por unanimidad.
La llegada de Palacios a la Justicia no fue por concurso sino por decreto. Fue propuesto por el gobernador Jalil al haber quedado desierto el concurso convocado para ese cargo en la Comisión Evaluadora que reemplazó al Consejo de la Magistratura, una institución creada por ley y eliminada de un plumazo por el oficialismo. Lo entrevistaron en julio de 2022 y el 21 de septiembre siguiente ya estaba prestando juramento en la Corte. Extraordinaria celeridad.
Palacios, de 34 años, carecía en absoluto de antecedentes para el cargo. De hecho, en los dos últimos años fue asesor del vicegobernador Rubén Dusso en el Senado, a quien por cierto le atribuyen la “sugerencia” del nombre al Gobernador para cubrir la vacante.
Y así, con apenas dos meses al frente de la Fiscalía de Instrucción N° 2, debutó con un crimen. No cualquier crimen, sino el de un ministro del Poder Ejecutivo. Sin embargo, todo indica que recién cayó en la cuenta de todo al día siguiente, cuando Barrionuevo les dijo a todos que “Rojitas” no había muerto porque sí.
Dos autopsias, dos carátulas
El cuerpo de Rojas fue descubierto por su hijo Fernando el domingo 4 de diciembre de 2022, cerca del mediodía. La Policía llegó poco después, junto con los peritos. Luego se presentó Palacios y ordenó la autopsia.
Primera autopsia:
- La operación en la morgue judicial se hizo entre las 19.15 y las 21.50 de ese domingo. El informe fue firmado por la médica forense Daniela Miranda Zar, por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), y la médica Marina Andrada, como perito de parte. Lo ratificó el doctor Sergio Andrada, también del CIF.
La conclusión fue que la “causa fehaciente de muerte es traumatismo cráneo encefálico y hematoma subdural”.
Luego de eso, el cuerpo fue entregado a los familiares para su velatorio, el cual se llevó a cabo en la sede del sindicato gastronómico (UTHGRA), del cual Rojas era secretario general. La noche del domingo Barrionuevo llegó acompañado por el gobernador Jalil. Al final hubo una reunión reservada con familiares y un abogado.
A la mañana del lunes 5, antes de regresar a Buenos Aires, Barrionuevo habló por radio y dijo a que Rojas lo habían matado. “Alguien lo sorprendió y lo golpeó”, aseguró.
Al mediodía ya estaba ordenada la segunda autopsia. El fiscal Palacios había concurrido nuevamente al lugar del hecho y sostenía: “No hemos notado nada extraordinario que nos haga pensar en una muerte violenta”.
A su lado, el fiscal general Alejandro Dalla Lasta aseveraba: “La fiscalía está actuando correctamente”. Unos metros más allá, el médico Sebastián Vega, titular del CIF, caminaba de ida y vuelta por la vereda de Rojas.
Segunda autopsia:
- Se llevó a cabo a las 19.30 del lunes 5 e intervino otro equipo profesional: Sergio Andrada, María de Marcos, Silvina Salguero y el propio Sebastián Vega. Los peritos de parte también cambiaron: Mario Nassar y Miguel Sanna.
Como conclusión consideraron “altamente probable” que la víctima “sufrió un fuerte traumatismo” que sería “compatible con agresión con elemento contuso sin filo”. Además observaron traumatismos en codos y rodillas por fricción “contra superficie rugosa”. Y una lesión en un ojo también “compatible” con una agresión. Dieron como posible data de muerte entre “48 y 60 horas” desde el momento de la operación.
El informe cambió el curso de la investigación. El viernes 9 de diciembre, Palacios ordenó la detención de Silvina Nieva, empleada del sindicato y expareja de Rojas. Le imputó “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”. Cinco días después fue liberada porque se descubrió que la detuvieron con una orden sin firmas. Error grosero.
Esa es una de las razones por las cuales Palacios podría ser despedido del Poder Judicial. El fiscal del jury que debía acusarlo era Dalla Lasta, pero se inhibió porque, en rigor, estuvo a su lado en el comienzo de la investigación. Dalla Lasta, además, es fiscal general en comisión: su pliego de acuerdo está pendiente de aprobación en el Senado. Así también aprieta el poder político a la Justicia.
El fiscal que reemplazó a Dalla Lasta en el Jury, Miguel Mauvecín, no encontró elementos para formular una acusación contra Palacios. Al igual que Dalla Lasta, consideró que actuó en forma correcta. Para enjuiciar a Palacios, el Tribunal debe designar a un fiscal que sí acuse. Existe un antecedente negativo para la Justicia catamarqueña de un juez destituido sin acusación fiscal.
La ruta del dinero
Juan Carlos Rojas asumió como ministro de Desarrollo Social en mayo de 2022. Sucedió a Maximiliano Rivera, exdiputado provincial e hijo del anterior ministro del área, Marcelo Rivera. Todos barrionuevistas de la primera hora. Rivera hijo salió eyectado del ministerio de un día para otro. El Gobierno no informó los motivos, ni siquiera por esas “saludables” renovaciones de Gabinete de las que habla Jalil. Un verdadero misterio.
Así fue que Rojas debió abandonar la tranquilidad de su banca de diputado provincial para hacerse cargo de la quinta de Barrionuevo en el Gobierno provincial. Los hijos del asesinado ministro aseguran que lo veían muy nervioso por las cosas que le pasaban en Desarrollo Social. Que “no quería firmar unos expedientes”; que compraba materiales y otros elementos de asistencialismo y al día siguiente “desaparecían”; que los proveedores le mandaban fotos y le decían “mirá, acá están los materiales”. En fin, todo era un dolor de cabeza para él.
El desorden administrativo que siempre caracterizó al organismo de las dádivas representaba un desafío enorme para un hombre que sus familiares y amigos -incluido Barrionuevo- consideraban recto, honesto y austero. O sea, una personalidad conflictiva para la praxis clientelista y poco controlada de Desarrollo Social.
Sin embargo, la Justicia no profundizó la hipótesis del trabajo de Rojas en el Gobierno provincial. Hay versiones que hablan de miles de bolsones de alimentos que se compraron y nunca llegaron, y de fondos que se habrían usado en un circuito financiero ilegal. Un fiscal tiene el poder suficiente para pedir esa información.
Mientras que los hijos de Rojas apuntan las sospechas sobre el entorno laboral y político, Barrionuevo echa culpas sobre los familiares de su “amigo” con argumentos bastante endebles. Por lo visto, la parcela política está antes que nada.
En el caso “Watergate”, que significó la caída de Richard Nixon del gobierno de EE.UU., el enigmático personaje “Garganta profunda” aconseja al periodista Bob Woodward, de The Washington Post: “Follow the money!” (sigan el dinero), a fin de armar el mapa estratégico de una investigación que resultó ejemplar.
En el crimen de Rojas, la Justicia no está explorando la ruta del dinero.
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