El peronismo catamarqueño ha transitado los últimos doce años de gobierno sin mayores rebeliones internas. El pase de mandos más reciente, el de Lucía Corpacci a Raúl Jalil en la Gobernación y el de Jalil a Gustavo Saadi en el principal municipio de la provincia, fue un verdadero ejemplo de consenso partidario. Sin embargo, hoy un temible monstruo amenaza la paz: el machismo retrógrado de varios jefes territoriales. La lucha contra la violencia de género es un claro factor de discordia en el oficialismo.
El disparador del quiebre fue el episodio de violencia protagonizado por el intendente de Pomán, el peronista Francisco Gordillo, contra su exesposa, Gloria Rodríguez, a quien maltrató físicamente en una discusión. La mujer lo denunció en la Justicia y él hizo una contradenuncia en su defensa. Dijo que ella lo atacó con un cuchillo.
Pero su hijo menor, del mismo nombre, lo desmintió a través de una red social. “Soy el menor de tres hermanos, hijo de un intendente violento y cobarde”, escribió “Fran” Gordillo. Y relató: “La perseguiste en camioneta diciéndole que no haga (la denuncia), llegaste antes a la comisaría para hacer primero una denuncia y mentir. Mentir y utilizar el poder y los medios para dejar a mi mamá como una persona loca”.
En las horas siguientes, las diputadas oficialistas y feministas más combativas salieron a fustigar duramente a Gordillo. Entre ellas, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero: “Repudiamos todo hecho de violencia de género, venga de donde venga, y sea quien fuera el agresor. Más aún cuando la vulneración de los derechos de una mujer proviene del accionar de una persona que ostenta la calidad de funcionario público o de quien ejerce una representación institucional por voluntad popular, aunque pertenezca a nuestro mismo espacio político”, publicó en su muro de Facebook. Y lamentó además que ningún hombre del peronismo se plegara al repudio.
Coherencia no se le puede negar a Guerrero en esa lucha: fue una de las dirigentes peronistas que se pronunció contra el clan Carletta, conformado por los “compañeros” Pío (senador de La Paz) y su hijo Franco (intendente), en Icaño, quienes negaron durante un año la banca a la concejala electa Ivana Ferreyra. La diputada encabezó la comitiva de mujeres que acompañaron a Ferreyra en su asunción, tras una mediación del Gobierno.
Sin embargo, el escándalo de Gordillo cruzó la línea oficialista y se convirtió en insumo a pedir de boca de la oposición. El diputado Hugo “Grillo” Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) condenó el hecho de violencia y logró juntar las firmas requeridas para pedir una sesión especial en la Cámara baja con el fin de dar carácter institucional al repudio.
Y el diputado nacional Rubén Manzi, de la Coalición Cívica, se sumó a los cuestionamientos “a todo hecho de abuso y de violencia de género”, más aún cuando involucra a “dirigentes encumbrados en el poder” que suelen gozar de “absoluta impunidad”, afirmó.
Si bien es habitual que cualquier incidente de estas características en la esfera política provoque reacciones críticas, en años electorales como este 2023 la exacerbación de las debilidades del rival adquiere una mayor dimensión.
El caso, en rigor, tiene una gravedad indiscutible por la extensa vida política de Gordillo. Lleva 24 años como intendente de Pomán, fue ministro de Gobierno en la gestión de Corpacci, y luego estuvo al frente de Desarrollo Social. En ambos cargos pasó con más pena que gloria. Pese a todo, fue uno de los ministros “encomendados” por Corpacci a Jalil, quien lo puso a manejar la cartera de Educación, la cual debió abandonar en medio de fuertes cuestionamientos por su postura contraria a la despenalización del aborto y la educación sexual integral. No le quedó más alternativa que volver a su refugio feudal de Pomán.
Un año atrás, en ocasión de una marcha de mujeres de la Asamblea Ni Una Menos convocada para reclamar por la continuidad de un funcionario municipal en Pomán denunciado por abuso sexual, el intendente Gordillo las exhortó a “repensar” la protesta.
"Estoy de acuerdo con el tema de género, no quiero que se mate a ninguna mujer (…) En el municipio se hizo la capacitación de género, fuimos el primero en toda la provincia. Los que hacen estas acciones perjudican a otros vecinos y tendrán que repensar algunas acciones", expresó.
Las manifestantes le respondieron con una aguda consigna en el ingreso del municipio. "Basta de encubrir al abusador. El cartel es pobre como tu política de género". Un mensaje quizás premonitorio para lo que hoy vive Pomán y su jefe político.
¿Consentirá el oficialismo en Diputados que se lleve a cabo la sesión especial para repudiar el caso Gordillo? No debería ser Guerrero, su máxima autoridad y militante de la causa contra los violentos, quien se oponga a tal plenario.
Machistas ilustres
- Franco Carletta (FT, Icaño, La Paz)
El actual intendente ya tenía una causa judicial complicada cuando era concejal. En 2019 pesaba sobre él una denuncia por violencia de género por golpes y amenazas realizada por su exesposa Silvina Ulik, quien debió irse de la provincia.
Eso no fue todo. En agosto de 2021, la jueza Corina Pérez ordenó la elevación a juicio de Carletta, imputado por violencia contra una de sus hijas, de solo 7 años.
Franco Carletta tenía una posición de poder envidiable: era presidente del Concejo Deliberante de Icaño mientras su padre, Pío, detentaba el cargo de intendente y a su vez era senador electo por La Paz. Finalmente, este optó por la banca legislativa y el municipio pasó a manos de su hijo.
- Elpidio Guaraz (FT, Bañado de Ovanta, Santa Rosa)
El histórico intendente santarroseño podría ser considerado un acumulador serial de causas judiciales. Tiene denuncias por malversación de fondos, fraude al Estado, abuso de autoridad, desobediencia a la autoridad e intimidación pública, entre otras.
Y en lo que concierne al ámbito personal, Guaraz fue imputado por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de una joven oriunda de Bañado de Ovanta.
Merced a distintas maniobras legales de sus abogados, la causa contra Guaraz sigue frenada en Tribunales.
- Luis “Lula” Polti (FT, Recreo, La Paz)
El intendente recreíno también fue objeto del repudio de grupos de mujeres por el maltrato al que sometió en público a la enfermera municipal Paula Nieto, quien le reclamó barbijos para hacer el trabajo de prevención del Covid-19 en un puesto de control sanitario.
“Voy a ver si seguís a cargo”, le espetó Polti a la mujer ante el asombro de todos. Como ella le insistió en que no podían trabajar con tapabocas caseros, el intendente primero la suspendió por dos días sin goce de haberes, y a medida que se iba enojando más le aumentaba la pena. En pocos minutos pasó del apercibimiento a la suspensión por tres días y hasta dejarla en disponibilidad.
Por si fuera poco, Polti fue el primer político sorprendido en flagrante violación de la cuarentena obligatoria. Cuando todos estaban encerrados, la Policía lo encontró de pesca con unos amigos en las afueras de Recreo.
Además, también pasó a la fama por tratar de “vagas” a las mujeres de su municipio.
Conflicto interno
En cada uno de esos casos, el Gobierno provincial eligió la vía política a puertas cerradas para evitar que la sangre llegara al río. No obstante, nunca hubo una condena del Partido Justicialista ni del Gobierno a los hechos de violencia de género que involucraron a los hombres de sus filas.
Y se trata de un partido que paradójicamente está conducido por una mujer: la senadora nacional Lucía Corpacci, mencionada en algunos medios nacionales como posible integrante de alguna fórmula presidencial del Frente de Todos.
Más que corpaccistas, jalilistas o saadistas, hoy la verdadera grieta que tiene el peronismo catamarqueño es la que enfrenta a los que actúan en contra de la violencia de género y los que solo “posan” con la causa, pero a la vez son cómplices de los que la vulneran. En un extremo están los que dan la cara y en el otro los que guardan silencio.
La sesión en Diputados para tratar el caso Gordillo podría ser la vidriera del cisma oficialista.
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