A poco de asumir sus funciones, el jefe de la Policía, Ángel Agüero, debutaba anunciando, para beneplácito de la ciudadanía, una “gran reforma en el área educacional” de la fuerza. “Vamos a trabajar de manera interdisciplinaria. Tenemos que ajustar la mirada sobre la capacitación y pensar qué Policía queremos (…), cuáles son los valores que van a guiar todos nuestros actos", expresó e incluso se permitió una autocrítica central: “Debemos dejar de lado muchos prejuicios y la cultura machista que nos marcó desde que nacimos".
Tales expresiones del comisario Agüero datan de septiembre de 2020. Aludían a casos emblemáticos de excesos policiales en la provincia, con heridas abiertas por la mora judicial y con algunas justificaciones de orden político, por pura obediencia debida, que aún merodean en el firmamento oficialista.
Lamentablemente para Agüero, el mentado cambio de valores todavía es una deuda pendiente: 2023 arrancó con una madrugada negra para la Policía de Catamarca en un procedimiento que desnudó el déficit de profesionalismo entre los uniformados en una situación que debería haber sido controlada sin sobresaltos.
Ocurrió al final de una noche de fiesta de fin de año en Wika, sobre el circuito de El Jumeal. Al cierre, los custodias del boliche empezaron a apurar a los jóvenes para que abandonen el lugar; es sabido que por lo general esa tarea puede llevar un largo rato. Al fin y al cabo es una fiesta, con todo lo que eso implica.
El problema se suscitó con los hermanos Mercedes (22) y Augusto Sosa Soler (28). Según la versión de la joven, fueron tratados de mala manera por los uniformados adentro del local, pero lo peor ocurrió afuera. El joven fue reducido en forma violenta por un grupo de efectivos de Infantería y ella intentó defenderlo. Pero una mujer policía la arrastró hasta un móvil porque se resistía a dejar a su hermano allí. Las imágenes que se viralizaron de ese momento permiten observar, en efecto, un uso desmedido de la fuerza.
Mercedes relató que mucho peor fue cuando la trasladaban en la camioneta policial hacia la comisaría. Dijo que le pegaban y por momentos no podía respirar, a la par que recibía insultos. Al día siguiente hicieron una denuncia penal en la Justicia. El abogado de los hermanos, Pedro Vélez, aseveró que a los jóvenes “se les propinó una golpiza injustificada, en un claro acto de exceso policial”. “Fue algo lindante con la tortura”, abundó.
La versión de la Policía fue que Augusto fue arrestado por infracción al Código de Faltas y su hermana, por causar disturbios y resistencia a la autoridad. Es decir, por desobedecer órdenes. Y también aseguran que fueron insultados y denigrados.
Horas después salió Agüero y puso algo de orden en la escena. Admitió que hubo una acción indebida de los policías, ya que no cumplieron con el protocolo de reducción de personas que se enseña en la escuela policial, y ordenó cambiar de comisaría a las dos policías apuntadas por Mercedes esa madrugada. Esto último mientras se lleva adelante un sumario en Asuntos Internos y a la espera de la investigación abierta en la Justicia provincial.
La saga
Los finales de los casos más resonantes de brutalidad policial en Catamarca no son nada alentadores. De hecho, el más importante de ellos que llegó a juicio y tuvo condenas efectivas se dio después de 10 años de dilaciones tribunalicias.
Fue la causa por la muerte del joven Diego Pachao, detenido y torturado en 2012 en la comisaría séptima, en el norte de la Capital. Por el hecho la Justicia procesó y enjuició a seis policías. En septiembre pasado, dio su veredicto: Gustavo Bulacios fue condenado a 16 años de prisión por "privación ilegítima de la libertad" y "torturas", aunque sin el agravante de muerte; Ricardo Barrera fue hallado culpable del delito de "torturas" y su pena fue de 8 años; Ricardo Varela fue declarado culpable de "vejaciones agravadas" (4 años), al igual que Claudio Nieva, aunque con una pena menor (2 años en suspenso). Jorge Montivero y Ramón Quevedo quedaron absueltos. Todas las penas fueron significativamente menores a las solicitadas por los fiscales.
Quien no tuvo la misma suerte, quizás porque vive para contarlo, es Ricardo Paucará, quien en julio de 2015 fue detenido en un taxi por policías encapuchados y lo llevaron a la comisaría 10. Según contó, allí lo esposaron e hicieron arrodillar, le pegaron patadas en el estómago, le quitaron los zapatos y le dieron cintazos en los pies. Por ese hecho, el hombre estuvo internado un mes porque le extirparon parte del intestino y quedó afectado, física y mentalmente.
Cinco policías fueron imputados por vejaciones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Paucará. Todos ellos están en libertad. Un fiscal primero y un juez después decidieron elevar la causa a juicio, tras 7 años de mora. Pero la Cámara de Apelaciones hizo lugar a una presentación del abogado de los acusados y declaró nula la elevación a juicio.
En declaraciones a la prensa, Paucará dijo que no le molesta que la causa quede en el olvido. “Así, mi familia y yo podemos vivir tranquilos”, expresó resignado. No es fácil vivir atemorizado por una condena a la Policía brava en este país, y más aún en una provincia chica. No debería ser así, claro está. La Justicia tendría que garantizarlo.
Hubo otros casos de violencia policial, y muchos de ellos en el interior catamarqueño, donde los códigos de pueblo se vuelven más duros de romper. Hay víctimas que prefieren seguir con sus infiernos a cuestas antes que enfrentar, en algún momento de sus vidas, a sus acusados-condenados en la calle.
Si bien lo ocurrido el 1° de enero con los hermanos Sosa Soler no es comparable con los casos anteriores, es evidente que todavía sigue latente la tendencia a los excesos en la Policía de Catamarca. Es una verdadera “mala praxis” que se ha vuelto crónica entre los uniformados de choque.
Como cuando asumió y reconoció, hace poco más de dos años, al comisario Ángel Agüero le queda por delante una batalla de orden educativo y cultural en la Policía de la Provincia.