En términos simples, el lavado de activos significa incorporar, mediante una acción financiera compleja, sofisticada y de manera disimulada, bienes de origen ilícito al sistema económico formal, con la finalidad de que adquieran apariencia lícita para su aprovechamiento. Esos bienes, normalmente dinero, pueden provenir del narcotráfico, la corrupción y la evasión, entre otros delitos.
A mediados de diciembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó los procesamientos con prisión preventiva dispuestos por el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, sobre Edgar Adhemar Bacchiani (CEO de Adhemar Capital SRL), José Blas y Alexis Sarroca (exgerentes), como coautores de intermediación financiera no autorizada, agravada por la utilización de publicidad, y mantuvo los procesamientos sin prisión preventiva de Zaraive Celeste Garcés Rusa y Sofía Piña -exparejas de Bacchiani- y de Iván Segovia, excontador de la financiera, por la misma calificación.
Pero lo más relevante fue que los camaristas declararon la competencia material de la Justicia Federal para entender en la investigación por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y estafa, y ordenaron que se profundice la investigación respecto al lavado de activos tal cual lo había solicitado el Ministerio Publico Fiscal (MPF). La información fue publicada en el sitio fiscales.gob.ar.
Es decir, por un lado, zanjaron la disputa jurisdiccional que se había entablado entre la Justicia Federal y la provincial respecto a quién le correspondía intervenir en las denuncias sobre asociación ilícita y estafa. Ninguna quería hacerlo, por cierto. Y, por el otro, pidieron activar el proceso respecto al lavado de activos sobre los procesados y los inversores.
Para los camaristas tucumanos, “si bien resulta que las evidencias colectadas hasta el momento por el MPF no son suficientes para generar un estado de sospecha sobre la comisión del delito por parte de los imputados y de tal forma dictar su procesamiento, no podemos desconocer que no se investigó sobre el origen lícito, ni el destino de los fondos ‘aportados’ por los ‘inversores’, ni otras líneas características típicas de este delito”.
Agregaron que tampoco podía descartarse “la figura del ‘autolavado’, por parte de los imputados, quienes podrían haber cometido el delito de estafa (o, mejor dicho, estafas reiteradas) y posteriormente pretender lavar esos dineros, por lo que corresponde profundizar la investigación”.
De manera tal que el proceso dirigido inicialmente contra los estafadores podría ir en adelante contra los estafados, quienes deberán demostrar el origen de sus bienes. Victimarios y víctimas frente al mismo estrado. Unos y otros obligados a responder por la codicia desmedida.
No en vano muchos de los clientes de Adhemar Capital, y de otras financieras como RT Inversiones, propiedad de Edgardo Bulacio padre e hijo, y Callvu Inversiones, de Cristian Rojo y Eduardo Guerrero (exgerente de Bacchiani y dueño de la inmobiliaria Guerrero, que también está sospechaba de haber operado como caja de Callvu), se resignaron a no reclamar la devolución de sus inversiones. Son conscientes de que corrían el riesgo de tener que justificar los fondos, en numerosos casos millonarios.
Fortuna estrambótica
Hasta hace una semana, no se tenía una noción clara de cuánta plata fue a parar a manos de Bacchiani, y de hecho las especulaciones eran bastante alocadas. Pero el juez Contreras recibió el testimonio del técnico informático Gustavo Chazarreta, quien precisó la cantidad en pesos, dólares y criptomonedas que el “trader god” adeudaba a una cartera de 8.030 clientes. Se trata de los inversores “en blanco”, que dieron sus datos personales y bancarios. En ese listado no figuran los miles de pequeños ahorristas damnificados en los “pozos” que proliferaron como hongos en los tiempos de la plata dulce.
En resumidas cuentas, la deuda que Bacchiani acumuló con los clientes de Adhemar Capital SRL, entre dólares, pesos y criptomonedas, ascendería a la friolera de USD 600 millones.
Una suma escalofriante a la par de, por ejemplo, lo establecido en la Ley de Presupuesto provincial para 2023. Efectivamente, a valor oficial del dólar hoy, el presupuesto asciende a USD 2.470 millones. O sea que la estafa piramidal de Bacchiani representa casi un cuarto de lo que el Estado de Catamarca necesita para funcionar durante un año. ¿Y cuánto más si se suma lo que adeudan las demás financieras?
Para tener otra dimensión de lo que significó el mega engaño de Bacchiani, se estima que Leonardo Cositorto, de Generación Zoe, estafó por una suma de 120 millones de dólares, según datos en poder de la fiscal cordobesa Juliana Companys, que mantiene presos al líder y a los miembros de la cúpula de esa otra famosa organización delictiva. Como dijo el abogado Alfredo Aydar, querellante en Catamarca, “a la par de Bacchiani, Cositorto es Heidi”.
Una conclusión que se desprende del testimonio de Chazarreta es que en Catamarca existían verdaderas fortunas escondidas y dispuestas a la ruleta financiera. Pero también que, gracias a cierta publicidad mediática y el “boca a boca”, hubo miles de personas que se endeudaron o desprendieron de bienes y ahorros en busca de la multiplicación del dinero que prometía este Rey Midas redivivo, hoy preso en el Penal de Miraflores.
¿Cómo debería hacer un juez en Catamarca para rastrear el origen de esos 600 millones de dólares?
Utópico
En efecto, la petición que realiza la Cámara de Apelaciones tucumana al juez federal Contreras para que avance con la investigación del delito de lavado de activos contra estafadores y estafados choca con una dificultad material fundamental: no existe en Catamarca ni el NOA un juzgado que disponga de la estructura técnica especializada para acometer semejante tarea.
El propio Contreras admitió que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que intervino en la etapa anterior a la investigación judicial, no tomó parte en la causa cuando se puso en marcha. Tampoco la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), salvo una primera ola de notificaciones a algunos querellantes, se puso a disposición. Ni menos organismos públicos provinciales como el ARCA, al que por lo visto solo le interesó recaudar en la sede de Adhemar Capital.
La ley no establece ningún monto mínimo a partir del cual se considere susceptible de investigación el delito de lavado, de modo que Contreras debería ir detrás de miles de inversores engañados. O bien debería quedar a su criterio establecer una base monetaria “investigable” para desligar a los pequeños damnificados.
No obstante, ¿cuántos oficios tendría que librar a los organismos públicos que disponen de datos sobre los activos de las personas? ¿Y cuánto tiempo llevaría recopilar y organizar esa información para luego hacer las citaciones? ¿Cuántos años? ¿Discriminaría entre “peces gordos” y pequeños inversores, aún cuando algunos pudieran justificar sus excedentes y otros no? ¿Y si alguno de los investigados es familiar o amigo cercano? ¿Se inhibiría de actuar, como hizo con Bulacio padre?
El juez Contreras aseguró el jueves último que la investigación iniciada en torno al delito de intermediación financiera no autorizada ya está a punto de concluir. Sin embargo, le resta avanzar con la asociación ilícita y las estafas, al margen del lavado de activos. Podría desdoblarla y establecer un límite a la investigación.
Como sea, profundizar en la ruta del dinero que cayó en la gigantesca bolsa sin fondo de Bacchiani constituye una investigación que llevaría un tiempo demasiado largo, además de la imposibilidad estructural de este Juzgado Federal. En suma, una utopía.
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