El Gobierno de Catamarca reincide en prácticas reñidas con la transparencia y la buena administración. Sucedió por igual con los principales signos políticos que alternaron en el poder en las últimas dos décadas. Radicales y peronistas emplearon el mismo “modus operandi” en el manejo discrecional de los recursos públicos.
En 2003, lo hizo la gestión del Frente Cívico y Social, la coalición hegemonizada por el radicalismo, con Oscar Castillo como gobernador. El ejecutor fue Víctor Hugo Brandán, líder de la UOCRA y designado por Castillo como subsecretario de Acción Social de la Provincia con esa vieja idea de que al sumar peronistas díscolos y marginados del PJ ampliaría la base política del FCS.
En ese rol, Brandán hizo compras directas de materiales de asistencialismo por 27 millones de pesos, un monto que a valores actuales habría que añadirle al menos dos ceros. Según una investigación de El Ancasti publicada ese año, el 73% de las operaciones benefició solamente a una decena de empresas, la mayoría de las cuales habían sido creadas pocos meses antes del aluvión clientelar de la gestión Brandán. No solo eso, la única actividad que realizaban era precisamente como proveedores del Estado.
Luego de conocido el caso, el exdiputado provincial Fidel “Pocho” Sáenz -hoy ministro del Hábitat- presentó una denuncia penal que disparó la causa que hoy se ventila en los tribunales catamarqueños contra Brandán, el exministro de Salud y Acción Social Pablo Doro y dos exfuncionarios de tercera línea de esa etapa.
Una auditoría del Tribunal de Cuentas ordenada por la Justicia confirmó las sospechas previas que rodeaban la maniobra:
- No se pudo determinar en forma fehaciente que los presuntos beneficiarios de los elementos comprados por Acción Social los hubieran recibido; de hecho, varios de ellos aseguraron que nada de eso llegó a sus manos.
- Por tratarse de compras directas, los auditores subrayaron que “todos los proveedores en todos los expedientes resultan comunes” y “no se aplicaron los principios generales de toda contratación: concurrencia, publicidad, igualdad de posibilidades de rango constitucional".
- La verificación de la recepción de los bienes “se efectuó a través de remitos” y no obtuvo información respecto al “ingreso a depósito y entrega a beneficiarios".
Si bien en general las compras eran de alimentos y materiales de construcción, se “colaron” en los expedientes algunos “juegos de ingenio” para sectores carenciados. Una prueba de cómo se engrosaban discrecionalmente las operaciones para aumentar la facturación.
La inspiración del tándem Castillo-Brandán fue estrictamente electoral. En ese 2003 hubo cuatro pulseadas en la provincia: la fallida e inolvidable del 2 de marzo de la quema de urnas; la presidencial de abril que ganó Néstor Kirchner; la provincial de agosto que encumbró a Eduardo Brizuela del Moral y la legislativa nacional de octubre. Es decir, el aparato dadivoso funcionó a tiempo completo.
Ineficacia judicial
La causa por las compras directas en Acción Social la iniciaron en 2004 las exfiscales Patricia Olmi y Elizabeth Cabanillas. Por entonces, el cuestionado Brandán ya ocupaba una banca de diputado provincial por el FCS. Era el blindaje legal que le había asegurado Castillo por los servicios prestados y los riesgos penales inminentes.
Y funcionó a la perfección. En 2005, el oficialismo en la Cámara de Diputados rechazó un pedido de desafuero de Brandán que hizo el juez Jorge Palacios para iniciar el proceso. El sindicalista quedó sin fueros en 2009 y desde entonces la causa, que fue dos veces elevada a juicio, naufraga entre planteos leguleyos de las partes y postergaciones de los enjuiciadores. Mañana lunes, por caso, está previsto que se reanude el debate tras el cuarto receso dispuesto en menos de un mes.
Que la Justicia provincial no pueda cerrar este capítulo en el que se investiga un supuesto “fraude en perjuicio de la Administración Pública por administración infiel, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real”, no es tanto por mérito de los abogados defensores como por la falta de convicción y decisión de los jueces.
Está visto en Catamarca que si la Justicia debe investigar al Estado entran en juego múltiples factores internos (fuero especial débil y comprometido, falta de experiencia) y externos (políticos, parentescos) que terminan confirmando la teoría de que el martillo cae solo sobre los ladrones de gallinas y no sobre los de guante blanco.
Similitudes y una diferencia
A dos décadas de aquella monumental construcción de un sistema clientelar con recursos públicos que favoreció a un pequeño grupo de noveles empresarios “amigos” del poder, el mismo modelo de reparto discrecional vuelve a cobrar vigencia en el sector político que entonces clamaba contra los ocupantes del sillón gubernamental. En otras palabras, no es cuestión de ideología.
En esta ocasión, el funcionario denunciado es el ministro de Infraestructura y Obras Civiles de la Provincia, Eduardo Niederle, quien en apenas diez meses pagó más de $2.100 millones en 38 contrataciones directas y solo 3 concursos de precios a la misma empresa: Air Total SRL, propiedad de Rodolfo Ernesto Gallo.
Niederle contrató a Air Total para que haga lo que sea: desde provisión de equipos de climatización -que en realidad es su especialidad-, hasta construcción de hospitales, centros de desarrollo infantil, terminales de ómnibus, reparación del Estadio Bicentenario y pavimentación de calles. Como en Botica, de todo un poco.
La oposición, ahora bajo el sello de Juntos por el Cambio, denunció a Niederle y a la empresa por presunta “cartelización” de la obra pública. Es decir, una simulación de competencia entre privados para echar mano a la torta del Estado. Sin embargo, en este caso no está claro que las empresas se hayan puesto de acuerdo en tal repartija. De lo que no hay dudas, en cambio, es que el Gobierno tiene un grupo selecto, muy minoritario, de empresarios afines.
En ambos casos subyace el mismo vicio: el Estado elude la sana competencia entre oferentes privados a través de contrataciones directas en favor de unos pocos. Es decir, maneja los recursos públicos apelando a mecanismos administrativos de uso extraordinario, en detrimento de la transparencia que suponen los concursos o licitaciones.
Si las compras directas de Brandán colmaron de órdenes de pago a proveedores como Mario Vega (dirigente deportivo y radical chacarero) y Edgardo Bulacio (curiosamente, preso hoy junto a su hijo por las estafas de RT Inversiones), las contrataciones de Niederle convirtieron a Gallo en el empresario mimado de la gestión Jalil.
Cambian los gobiernos, pero la matriz se mantiene intacta. Podría afirmarse que Raúl Jalil, con Niederle al lado, cuenta con su propio Brandán.
Tal vez la única diferencia sea la motivación de cada uno. Mientras que para Brandán el objetivo era ganar las elecciones cueste lo que cueste, en Niederle parece imponerse la visión de la política como negocio.
Misma vara
En el juicio contra Brandán el fiscal de la Cámara Penal N°3, Miguel Mauvecín, tiene como fiscal asistente al titular de la Unidad de Delitos Especiales, Facundo Barros Jorrat, quien es el encargado de investigar los delitos contra el Estado provincial.
Y el mismo Barros es quien decidió abrir la investigación contra el ministro Niederle y la empresa Air Total por presunto fraude contra la Administración. Hace poco más de una semana allanó las oficinas de Obras Civiles en el CAPE y las de la firma de Gallo y secuestró documentación impresa y digital.
En consecuencia, de la suerte que corra el juicio contra Brandán por las compras directas será posible imaginar el destino de Niederle y sus contrataciones a dedo. Simplemente porque la Justicia está obligada a mantener cierta coherencia en el tratamiento de delitos similares. Lo denomina jurisprudencia.