Opinión

El conflicto en la salud y la corrupción, los dilemas de Jalil en el año preelectoral

La imagen de la gestión provincial es negativa para más de dos tercios de la población.
Por Marcelo Sosa

La gestión del gobernador Raúl Jalil es desaprobada por la mayoría de los catamarqueños. Más del 80% la considera entre regular y mala y solo poco más del 15% la califica como positiva. Es una radiografía crítica en la previa de un año en el que, según se prevé, pondrá nuevamente su figura a consideración del electorado en busca de un segundo mandato.

Como adelantó INFORAMA hace dos semanas, los problemas más gravitantes en la administración Jalil son el conflicto en la salud pública y la corrupción política. Entre ambos superan la mitad de las opiniones de la gente, por encima incluso de temas delicados y siempre latentes en la opinión pública, tales como la inflación, el desempleo, la educación y hasta la inseguridad.

En efecto, de acuerdo con el estudio realizado para este medio por la consultora Aresco, de Julio Aurelio, en agosto pasado, el 25,7% de las personas consideró que la situación que atraviesa la salud pública y el estado de los hospitales son las dificultades más serias de Catamarca. Y apenas por debajo de ese nivel, el 25,1% de los encuestados opinó que el segundo asunto más grave es la corrupción en el Gobierno local.

Prioridades

El de la salud es un conflicto que va a cumplir cuatro meses. Comenzó a principios de junio con un reclamo laboral de los pediatras del Hospital de Niños “Eva Perón”, en momentos en que arreciaban las enfermedades respiratorias y el personal estaba desbordado. Pero luego se fueron sumando otras áreas.

El Gobierno eligió un mal camino para resolver la crisis: arregló salarios con los pediatras y dejó afuera al resto de los profesionales y trabajadores del sector. La consecuencia fue lógica. Horas después, cientos de médicos, enfermeros y técnicos sanitarios iniciaron duras protestas en Capital y en el interior de la provincia. Y a ellos se sumaron, como es habitual, las organizaciones de izquierda que aprovechan cuanto reclamo callejero más o menos relevante se presente para acoplar sus banderas.

Al reclamo estrictamente salarial, se añadieron otros aspectos crónicos de la crisis del sistema de salud, como el mal estado de los hospitales, en particular el “San Juan Bautista”, y las condiciones laborales en que deben desempeñarse los empleados.

El caso del hospital San Juan Bautista es un ícono del abandono y la improvisación. Si bien se trata de un centro que nació como un hospital de campaña militar, año tras año fue empeorando por falta de mantenimiento. Primero el lavadero, luego la cocina y después otros espacios de uso común. Como es un edificio de una planta construido en un pozo, al menos una vez por verano se inunda. Los operativos de evacuación de pacientes ya son un clásico.

Los arreglos que se hicieron y los que están en marcha son apenas parches para una estructura obsoleta y poco funcional. Pero no es todo. También faltan materiales médicos imprescindibles, como prótesis y drogas oncológicas. Los pacientes están obligados a resignarse y aguantar por meses sus dolencias o morir en el intento. Hay profesionales que decidieron renunciar para no seguir sin respuestas a los convalecientes.

Gobernar es priorizar. En lugar de construir un hospital público a la altura de las necesidades de la población, Jalil priorizó la compra de un avión de 9 millones de dólares, que cumple más vuelos oficiales que sanitarios. Peor todavía, que hasta fue prestado a la Presidencia de la Nación para un supuesto viaje de placer de la primera dama, Fabiola Yáñez, a Tierra del Fuego. Esto nunca fue confirmado, pero tampoco desmentido.

“No estoy de acuerdo que se haya prestado el avión de la Provincia para que viaje la primera dama, aunque no me consta que se haya utilizado con ese fin”, dijo días atrás el vicegobernador Rubén Dusso ante una consulta periodística. Una curiosa forma de levantar el dedo acusador y luego esconder la mano. Está claro que Jalil no necesita estos defensores.

Imagen negativa

La corrupción, el segundo problema de la gestión provincial de acuerdo con los catamarqueños consultados, tiene varias aristas. Como fue una pregunta abierta, la gente respondió con los temas que tiene más presentes en su realidad cotidiana y en función de su nivel de información.

“No cumplió lo que prometió”; “malgasta los recursos públicos”; “está creando un monopolio”; “todo es negocio político”; “está regalando la tierra de Catamarca a los chinos”; “quiere destruir Andalgalá con la minería”; “ha desmantelado la salud pública”; “abandonó la educación”, “se desentiende de OSEP”; “es autoritario”. Esas son algunas de las opiniones con mayor grado de coincidencia que recabó Aresco.

Aunque no todas esas consideraciones pueden ser incluidas en la categoría “Corrupción”, sí es evidente que existe una opinión muy severa respecto a la forma en que Jalil lleva adelante la gestión gubernamental. La salud, la educación y la transparencia en el manejo de los fondos públicos son cuestiones claves que toda gestión debe atender.

Por lo demás, existe una percepción de que el Gobierno hace “negocios” con la política y los concentra en pocas manos. La desconfianza generalizada respecto a la política minera es una consecuencia directa de la escasa y mala comunicación oficial sobre la actividad del sector. Como se señaló en la columna del domingo anterior, “la minería es un socio vergonzante del Gobierno, de esos que se necesitan pero no hay que mostrar”.

En estas condiciones se encuentra hoy el gobernador Jalil respecto a la ciudadanía de Catamarca. Si bien aún resta un año para las urnas, es un hecho que la agenda electoral arrancará a principios de 2023 o antes también.

Todo dependerá de si avanza o no la maniobra de suspender o eliminar las PASO provinciales para despegar de las nacionales. Jalil lo piensa todos los días, pero aún no se atreve a tomar la decisión. Por lo pronto, es consciente de que debe mejorar su imagen positiva en un escenario donde la hostilidad anida tanto afuera como adentro de su sector político.