La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar en el centro de una investigación judicial luego de que un informe interno del Ministerio de Salud detectara presuntas irregularidades en compras de prótesis, sillas de ruedas, andadores y otros insumos médicos, con diferencias de precios que alcanzarían entre el 1000% y más del 4000% respecto de valores de referencia.
La documentación, elaborada en abril de 2025 y actualmente incorporada a la causa judicial, expone operaciones realizadas con distintas empresas proveedoras del organismo nacional y señala posibles maniobras de sobrefacturación, además de vínculos societarios y familiares entre algunos de los involucrados.
Uno de los casos mencionados en el informe corresponde a la compra de un andador valuado en $12.150.000, cifra que superaría en un 4239% el precio de referencia calculado por las autoridades sanitarias.
Seis empresas bajo investigación
Las contrataciones observadas involucran a las firmas Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat. Según el informe, el Estado habría abonado alrededor de $18.100 millones a través de 37 facturas vinculadas a estas empresas.
La principal proveedora señalada es Farma Salud, que habría recibido pagos por aproximadamente $7900 millones. Uno de sus socios mayoritarios, Osmar Mariano Caballi, fue citado a declaración indagatoria. Caballi había ocupado anteriormente un cargo directivo dentro de la propia ANDIS durante la gestión presidencial anterior.
En paralelo, otros socios de la firma presentaron un descargo judicial en el que rechazaron las acusaciones y atribuyeron a Caballi la responsabilidad sobre las operaciones investigadas.
Sospechas sobre el sistema de contrataciones
La investigación también pone el foco sobre el funcionamiento del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), utilizado por la ANDIS para seleccionar proveedores.
La principal hipótesis judicial sostiene que el sistema habría sido manipulado para convocar de manera selectiva a determinadas empresas y simular procesos competitivos con precios presuntamente inflados.
En ese marco, la Justicia ya llamó a declaración indagatoria a 49 personas vinculadas a la causa.
Audios, pericias y presuntas coimas
La causa también incluye audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaría el supuesto pago de porcentajes sobre contrataciones estatales.
Ante esto, el fiscal Franco Picardi solicitó una pericia de voz para determinar científicamente la autenticidad de los registros.
La investigación, encabezada por el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si dentro del organismo funcionó una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de contratos públicos a cambio de retornos económicos que oscilarían entre el 12% y el 20% del valor de las compras realizadas por el Estado.
