La mujer relató que había solicitado una ausencia provisoria en 2025 por una situación de violencia de género, pero que la presentación quedó archivada en el área de control habitacional sin el tratamiento administrativo correspondiente. Según indicó, posteriormente fue informada de la desadjudicación sin haber sido notificada fehacientemente ni haber podido ejercer su derecho a defensa.
De acuerdo a su testimonio, en abril de este año se le informó que se estaba realizando un relevamiento de datos sobre su caso, aunque sostiene que no recibió notificaciones en su domicilio y que las inspecciones no fueron comunicadas de manera formal. También aseguró que el ingreso a la vivienda se habría producido sin que ella estuviera presente y que luego tomó conocimiento de que el inmueble habría sido reasignado a otra persona.
Rocío, la denunciante afirmó además haber presentado documentación respaldatoria, incluyendo denuncias previas y certificaciones laborales, y cuestionó la validez del procedimiento administrativo. En paralelo, señaló que atraviesa un problema de salud, tras haber sido diagnosticada con un tumor cerebral, y remarcó que la vivienda es su único patrimonio y el hogar de sus hijos, mientras continúa a la espera de una respuesta oficial del IPV sobre su situación.
