El cacique Román Elías Guitián, en representación de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise el fallo que levantó la medida cautelar sobre el Río Los Patos, en Antofagasta de la Sierra.
La decisión, firmada el 30 de marzo de 2026 por la Corte de Justicia provincial, permitió al Gobierno retomar la entrega de permisos mineros en la subcuenca del río y el Salar del Hombre Muerto, una de las zonas donde se concentra la actividad minera de litio. Sin embargo, la causa, que busca dejar sin efecto esas autorizaciones, todavía no tiene una resolución de fondo, y lo que ahora se discute es si correspondía levantar la protección que regía desde 2024.
El informe en discusión
Para justificar su decisión, la Corte Provincial se apoyó en el Estudio de Gestión Integral de Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA), elaborado por una consultora privada y aprobado en febrero de 2026. Según el planteo de Guitián, ese informe no incorporó datos nuevos, sino que retomó estudios previos, de 2019 y 2021, junto con información presentada por las propias empresas, que ya había sido considerada insuficiente cuando se dictó la cautelar.
En ese punto, los demandantes advierten una contradicción judicial: el mismo tribunal que en 2024 había señalado la falta de información confiable, en 2026 levantó la medida con la misma base técnica. A esto se suma que el estudio deja afuera aspectos relevantes para analizar el comportamiento del agua en la zona, como la dimensión del acuífero, el aporte por precipitaciones y la antigüedad del agua subterránea. Sin estos datos, sostienen, no es posible determinar si el recurso es renovable ni evaluar con precisión el impacto ambiental de la extracción vinculada al litio.
Según indica la presentación, antes de que se dictara la sentencia, Guitián y la comunidad incorporaron un informe técnico de una investigadora del CONICET especializada en hidrología. El análisis advertía un descenso sostenido del caudal subterráneo, incluso bajo escenarios favorables. Ese documento no fue mencionado por los jueces que votaron a favor de levantar la cautelar, lo que para la comunidad vuelve cuestionable la decisión y encuadra dentro de los criterios de arbitrariedad judicial que suele considerar la Corte Suprema.
En disidencia, los ministros Carlos Miguel Figueroa Vicario y José Cáceres sostuvieron que las dudas técnicas siguen presentes y que la cautelar debía mantenerse. En esa línea, Figueroa Vicario señaló que el principio precautorio no requiere que el daño esté comprobado, sino que alcanza con que no pueda descartarse.
A lo largo del proceso, Guitián solicitó en cuatro oportunidades la realización de una audiencia pública —la primera en septiembre de 2024 y la última en octubre de 2025—, pero en todos los casos la respuesta fue postergar la decisión sin llegar a concretarla. El recurso sostiene que esa situación afecta el derecho a ser oído, especialmente en una causa colectiva que involucra a una comunidad indígena, cuyos mecanismos de participación están reconocidos en normas internacionales.
Mientras el expediente sigue su curso, la actividad minera continúa en el Salar del Hombre Muerto. El Río Los Patos desemboca en la Vega Huaychar, un sitio de valor ancestral, donde operan proyectos que extraen agua subterránea para sus procesos productivos. Según la presentación judicial, algunas de esas explotaciones siguen funcionando con permisos cuestionados, en un contexto de creciente preocupación por el uso del agua en la región. En esa misma línea, a nivel internacional ya se había advertido sobre la necesidad de controles ambientales más estrictos en la actividad vinculada al litio.
Qué puede pasar
Ahora, la Corte de Justicia de Catamarca debe definir si concede el recurso y lo envía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría intervenir en el caso. Al mismo tiempo, los demandantes analizan pedir una nueva medida cautelar directamente ante el máximo tribunal. El planteo principal de dejar sin efecto los permisos mineros en el Salar del Hombre Muerto, sigue abierto. Por lo pronto, la discusión pasa a otra instancia judicial.