Luego de tres semanas de paro nacional universitario en reclamo de recomposición salarial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar de forma inmediata aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue tomada por la Sala III, que ratificó el fallo de primera instancia y ordenó avanzar con la actualización salarial docente y la recomposición de becas estudiantiles, puntos considerados urgentes frente al deterioro del poder adquisitivo.
El conflicto se originó tras la sanción de la ley 27.795 por el Congreso, que fue ratificada con dos tercios luego del veto presidencial. Posteriormente, el Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el decreto 759/25, pero condicionó su aplicación a la asignación de financiamiento específico.
Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades presentaron un amparo judicial para declarar inconstitucional esa limitación. En diciembre de 2025, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar, que ahora fue confirmada por la Cámara.
En su fallo, los jueces remarcaron que el proceso legislativo ya había sido completado conforme a la Constitución Nacional, por lo que la ley debe aplicarse sin condiciones. Además, señalaron que el Poder Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una norma basándose en otra ley de igual jerarquía.
Peligro en la demora y derechos afectados
El tribunal también advirtió sobre el impacto social de la demora, al considerar que están en juego derechos de carácter alimentario vinculados a salarios y becas. En ese sentido, sostuvo que existe riesgo de perjuicios irreparables para docentes y estudiantes.
Respecto al impacto fiscal, la Cámara indicó que el costo estimado representa apenas el 0,23% del PBI, por lo que no se vería afectado el interés público. Por el contrario, subrayó que la medida resguarda el derecho a enseñar y aprender.
De esta manera, la Justicia mantiene la obligación del Gobierno de avanzar con la recomposición salarial del sector universitario mientras se resuelve el fondo de la causa sobre la validez del decreto.
