La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, presentaron el jueves 4 de diciembre una impugnación contra la decisión del Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) de avanzar con la ejecución de veinte inmuebles para cubrir el decomiso ordenado en la causa Vialidad, por un monto que supera los $685 mil millones.
El 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini había dispuesto iniciar el proceso para ejecutar los bienes de los nueve condenados, de forma solidaria, hasta alcanzar los $684.990 millones establecidos en la sentencia. El procedimiento incluye el traspaso de los inmuebles a la órbita de la Corte Suprema para que continúe el trámite.
En su presentación, Cristina Fernández calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo”, al considerar que la decisión judicial se utiliza con fines persecutorios y ahora afecta también a sus hijos. La defensa insistió en que tanto Máximo como Florencia Kirchner poseen bienes cuya procedencia “fue declarada lícita” en fallos previos y que fueron obtenidos legalmente.
Según la apelación, estas circunstancias impiden relacionar los bienes con los delitos investigados y, por lo tanto, deberían quedar excluidos del decomiso. Además, cuestionaron que el tribunal avanzara en sentido contrario a criterios recientes del propio TOF 2.
Máximo y Florencia, por su parte, también solicitaron frenar cualquier avance sobre los 19 bienes que Cristina les transfirió, al advertir que la medida podría implicar un “desapoderamiento definitivo de activos adquiridos de forma legítima”. Pidieron suspender tasaciones, inscripciones registrales y cualquier paso que ponga esos inmuebles bajo administración de la Corte u otro organismo.
El tribunal deberá resolver ahora si mantiene el proceso de ejecución o si da lugar a los planteos de la defensa.
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