La Corte Suprema de Justicia confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados. El monto pasó de 85.000 millones de pesos a 685.000 millones.
Con esta decisión, la Justicia podrá avanzar con la ejecución patrimonial y el eventual remate de bienes incluidos en la sentencia.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución. Además, rechazaron los pedidos de nulidad y los recursos que buscaban frenar el decomiso.
El tribunal también desestimó un planteo presentado por el empresario Lázaro Báez, condenado en la misma causa.
Qué resolvió la Corte Suprema
La actualización del decomiso tomó como base un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. La Cámara Federal de Casación Penal ya había avalado ese cálculo. Ahora, la decisión quedó firme.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 ya inició la tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país. El decomiso alcanza a 111 bienes.
Todos los condenados deberán responder de manera solidaria por el monto fijado por la Justicia.
Qué investigó la causa Vialidad
La investigación analizó el proceso de adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Según la sentencia, el Estado adjudicó esas obras de forma sistemática al Grupo Austral, empresa perteneciente a Lázaro Báez. La Justicia concluyó que esa maniobra perjudicó a la administración pública.
Por ese motivo, condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Guillermo Periotti y otros exfuncionarios por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La expresidenta cumple una pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La defensa cuestionó el decomiso
Los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, representantes de Cristina Kirchner, sostuvieron que el decomiso excedía el marco del proceso penal y afectaba garantías constitucionales.
También afirmaron que existía una superposición con otros procesos patrimoniales. Además, cuestionaron el período utilizado para calcular el monto del decomiso.
La Cámara de Casación rechazó esos argumentos. Ahora, la Corte Suprema ratificó esa decisión y confirmó la naturaleza penal del decomiso.
Con este fallo, la actualización a 685.000 millones de pesos quedó firme. La Justicia también podrá continuar con las medidas destinadas a ejecutar los bienes alcanzados por la condena.
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