El diputado Hugo "Grillo" Ávila apuntó directamente contra el gobernador Raúl Jalil por firmar un acuerdo con la empresa estatal israelí Mekorot sin la debida aprobación legislativa, violando el artículo 149, inciso 15, de la Constitución de Catamarca. Ávila acusó al mandatario de asumir "la suma del poder público", al sellar pactos con gobiernos y empresas extranjeras a espaldas del pueblo y de sus representantes. El legislador comparó el convenio firmado por Catamarca con el que se hizo público en Río Negro, cuya cláusula octava cede la propiedad intelectual de toda la información hídrica y geológica a Mekorot, dejando a la provincia sin soberanía sobre sus propios recursos naturales.
Uno de los principales ejes del proyecto de derogación se centra en el riesgo geoestratégico que implica entregar a una empresa extranjera el acceso y análisis del sistema hídrico provincial, especialmente en un contexto donde el extractivismo minero depende de este recurso vital. Ávila señaló que Argentina cuenta con instituciones técnicas propias como el Instituto Nacional del Agua, el desmantelado ENOHSA y múltiples universidades capaces de desarrollar este tipo de planes sin recurrir a consultorías extranjeras. Además, alertó sobre la cláusula de confidencialidad indefinida y la sujeción del contrato a arbitrajes internacionales en tribunales extranjeros, lo que pone en jaque la jurisdicción nacional.
El diputado recordó que Mekorot fue denunciada por la ONU y organizaciones de derechos humanos por implementar prácticas de apartheid hídrico en Palestina, limitando severamente el acceso al agua potable para la población palestina. En ese sentido, Ávila mencionó los recientes fallos y dictámenes de la Corte Penal Internacional y la Comisión Independiente de la ONU, que califican las acciones del gobierno israelí, y de sus empresas estatales, como genocidas. “No se puede tolerar la firma de acuerdos con actores que violan derechos humanos fundamentales. Aplaudir o tolerar un genocidio es ser cómplice”, sostuvo.
Finalmente, Ávila advirtió sobre las implicancias futuras del convenio, que, de replicar el modelo de Río Negro, podría implicar inmunidad para el personal extranjero, confidencialidad absoluta y hasta cláusulas que impidan divulgar información por orden judicial. “Se trata de un contrato innecesario, inconstitucional y lesivo de la soberanía provincial”, aseguró. Desde una postura crítica al gobierno provincial, acusó al oficialismo de renunciar a los principios históricos del peronismo y de la defensa de los derechos humanos. Por todo esto, exigió que el acuerdo con Mekorot sea derogado de inmediato por la Legislatura catamarqueña.