A mediados de julio, la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
La Argentina le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere el pedido, pero Preska rechazó el pedido del Gobierno y avanzará con el proceso “discovery”, un mecanismo del derecho norteamericano que permite solicitar información para intentar localizar activos ejecutables. El pedido no exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.
El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.
