El diputado provincial Fernando Baigorri se pronunció con dureza contra el decreto del Poder Ejecutivo que modifica el sistema de aportes a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Según expresó, la medida fue tomada de forma arbitraria y sin respaldo legislativo, afectando directamente el salario de miles de trabajadores públicos.
“Esto se hace con un fin recaudatorio y en perjuicio de todos los contribuyentes”, denunció. Su proyecto legislativo busca dejar sin efecto el decreto y abrir un debate serio sobre el funcionamiento de la obra social.
Baigorri explicó que la nueva normativa cambia la base de cálculo del aporte mensual, que hasta ahora se hacía sobre un salario mínimo vital y móvil, y que pasará a calcularse sobre el 80% de todas las remuneraciones. “Esto impacta directamente en los bolsillos de los catamarqueños, ya bastante golpeados por la situación económica”, afirmó. También criticó la falta de diálogo institucional al implementar la medida, que a su entender debería haber sido discutida en la Legislatura y no impuesta de forma unilateral por el Ejecutivo.
Además, el legislador cuestionó la calidad del servicio que actualmente presta la OSEP, denunciando demoras, falencias y la falta de soluciones a problemas históricos como el cobro de plus médico. En ese sentido, pidió que se convoque a las autoridades de la obra social para que rindan cuentas y presenten los estudios financieros que justifiquen la modificación del sistema. “Queremos ver los números finos. Los catamarqueños merecen transparencia y respuestas concretas”, sostuvo.
Finalmente, Baigorri rechazó las acusaciones de hostigamiento político dentro de la Legislatura y desvió el foco hacia las verdaderas urgencias. “La única gente que sufre hostigamiento acá son los catamarqueños que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar un estudio médico, que se endeudan para acceder a una atención que la obra social no les garantiza”, concluyó. Con su propuesta legislativa, el diputado busca frenar lo que considera un atropello institucional y promover una discusión responsable sobre la salud y el bienestar de los trabajadores públicos de la provincia.
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