La defensa del exjuez Raúl Da Pra solicitó la nulidad de todo el proceso en la causa donde está imputado por cohecho pasivo agravado, en el marco de la denominada "videodenuncia". Se trata de una investigación iniciada en 2020, en la que se lo acusa de haber recibido un soborno a cambio de revocar la prisión preventiva de un detenido en el Servicio Penitenciario de Miraflores. Según su abogada, Mariana Barbitta, el caso presenta graves irregularidades y vulnera derechos constitucionales.
La defensa sostiene que se ha llevado adelante una Instrucción Penal Preparatoria (IPP) "absolutamente arbitraria y nula", marcada por la falta de objetividad del Agente Fiscal. Además, señala que las actuaciones se originan en "una acusación falsa, infundada y anónima".
"La Fiscalía, sabiendo perfectamente quién era el denunciante, jamás llevó a cabo ninguna diligencia respecto de aquel, ni tampoco sobre quién sería la persona que habría filmado el supuesto hecho. Ni siquiera analizó la posibilidad de que fuera el abogado de una persona privada de la libertad o los socios de su estudio jurídico a esa fecha", afirmó Barbitta.
Respecto del principal elemento probatorio, indicó que "se avanzó con una imputación arbitraria que se sostuvo (y se pretende sostener) en un video cuya integridad y autenticidad no está acreditada, cuya extracción y análisis no pudieron ser controlados por las partes, y que tampoco contó con los recaudos mínimos para su obtención y conservación".
También afirmó que "se ha vulnerado el derecho de defensa del Dr. Da Pra al haberse rechazado absolutamente todas las medidas probatorias que ofreció", las cuales, según dijo, "resultaban pertinentes y permitían vislumbrar su inocencia".
Todo esto derivó, según la defensa, en un requerimiento de citación a juicio que "es absolutamente nulo" y "no cumple con las exigencias del código de procedimiento". “Es contradictorio, no describe de forma clara, precisa, circunstanciada y específica el hecho por el cual se acusa al Dr. Da Pra”, agregó. A pesar de los cuestionamientos, el Juzgado decidió elevar la causa a juicio.
“Sencillamente, hoy se encuentra elevada a juicio una causa en la que durante más de tres años de ‘investigación’ no se ha podido determinar la fecha del hecho, no están debidamente identificados los autores, se han asumido circunstancias de hecho que no se ven reflejadas en las evidencias, y todo se sostiene en un video anónimo que, según varios peritos, es un archivo manipulado, post producido y editado”, explicó la abogada.
Además, consideró que “esta investigación absolutamente nula ha puesto en jaque la honorabilidad y el respeto que merece un exjuez provincial, cuya trayectoria profesional nunca había sido cuestionada”.
Por todo ello, la defensa planteó la nulidad de todo lo actuado y pidió la suspensión del proceso hasta que se resuelva este planteo. "Continuar adelante con un procedimiento en estas condiciones supondría seguir avasallando principios, derechos y garantías que deben regir en un Estado de Derecho", concluyó Barbitta.
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