La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación presentada por la República Argentina, permitiendo que un grupo de fondos de inversión tome posesión de más de 310 millones de dólares depositados en cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York. Esta resolución afecta a los bonos Brady emitidos en la década de 1990, que se encuentran vencidos desde marzo de 2023, y son parte de una deuda no reestructurada por el paÃs tras la crisis de 2001.
El fallo, que se considera una segunda derrota de Argentina en menos de tres meses, es el resultado de una prolongada disputa con un grupo de fondos, conocidos como holdouts, que se negaron a participar en los canjes de deuda realizados en 2005, 2010, 2016 y 2020. Estos acreedores, que aún reclaman el pago de cerca de 450 millones de dólares, podrán ahora proceder con el embargo de los activos de la Argentina depositados en los Estados Unidos, Suiza y Alemania. Según explicó Sebastián Maril, experto de Latin Advisors, la medida podrÃa hacer que los fondos tomen control de los recursos en cuestión, aunque aún falta cubrir el total de la deuda.
La defensa de Argentina sostuvo que los fondos en cuestión son propiedad del BCRA y no del Estado, lo que deberÃa eximirlos de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de EE. UU. Sin embargo, la jueza Loretta Preska rechazó este argumento en su fallo de agosto de 2022, argumentando que los derechos de reversión de los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, y no al BCRA, además de considerar que estos activos fueron previamente utilizados en actividades comerciales, lo que invalidaba el reclamo de inmunidad.
El conflicto tiene sus raÃces en la crisis económica de 2001, cuando Argentina declaró el default de su deuda externa y abandonó la convertibilidad. Aunque el paÃs ha logrado reestructurar la mayor parte de su deuda en los últimos años, los bonos Brady no fueron incluidos en esos acuerdos, lo que dejó a los tenedores fuera de los canjes. Ahora, con este fallo, los acreedores tendrán la posibilidad de ejecutar sus demandas a través de la ocupación de los activos mencionados, sumando una nueva capa de complejidad a la situación económica de Argentina.