La Cancillería calificó este arresto como "una grave y flagrante violación de los derechos humanos" y lo enmarcó dentro de un supuesto "patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad" perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.
Según declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la detención de Gallo es un ejemplo de las violaciones constantes a los derechos fundamentales en Venezuela, lo que ha motivado a la Argentina a exigir justicia internacional.
Este caso se suma a otras denuncias presentadas ante la CPI por crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano. Además, el gobierno argentino está comprometido en agotar todos los recursos legales y diplomáticos posibles para garantizar la liberación de Gallo.
Por su parte, las autoridades venezolanas emitieron acusaciones contra Gallo, asegurando que intentaba ingresar al país de forma irregular con la intención de participar en actividades desestabilizadoras y terroristas.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, mencionó que Gallo formaba parte de grupos ultraderechistas internacionales, aunque estas acusaciones fueron rotundamente desmentidas por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien calificó las acusaciones de "falsas".
Mientras se intensifican las tensiones diplomáticas, el gobierno argentino recurrió a Brasil como mediador para obtener información sobre el estado de Gallo y su situación legal en Venezuela.
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