Después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hiciera lugar parcialmente al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal en la causa RT Inversiones, donde revocó la falta de mérito de nueve personas y ordenó su procesamiento por “asociación ilícita”, el fiscal general Gustavo Gómez mostró su clara oposición a la medida del juez federal Sebastián Argibay.
Esto basado en que Gómez consideró que “los imputados desplegaron una serie de actos, con apariencia de legalidad, para hacerse de dinero y así poder transformar esos activos en ‘criptomonedas’ con la finalidad de asegurarse la impunidad que brinda ese mercado virtual".
Este dato, expresó el fiscal, no fue considerado por el a quo (el juzgado que dictó la resolución recurrida), ya que tomó la operatoria denunciada como "una simple intermediación financiera no autorizada sin recalar en estructura societaria armada y el monto dinerario captado”.
Puntualizó además que era necesario dejar en claro que las presuntas maniobras ilícitas ejecutadas por los imputados dañaron directamente la economía del Estado Nacional, ya que jaquearon los mecanismos institucionales de fiscalización, además del "grave perjuicio" en la economía de los denunciantes.
Por ese motivo, reclamó que se revirtieran las faltas de mérito y se procesara a los imputados, dado que entendió demostrado en la causa que los responsables obtuvieron dinero de origen dudoso para ingresarlo al mercado financiero formal y/o informal. También dijo que los facilitadores de los activos no justificaron la licitud del dinero aportado en su gran mayoría.
Además de Gómez, interviene en la causa el fiscal federal subrogante de Catamarca Rafael Vehils Ruiz.
Postura de los jueces de Cámara
Los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Sanjuan y Fernando Povina junto con las juezas Marina Cossio y Patricia Moltini sostuvieron que de las constancias de la causa surge que se trata de una firma que con habitualidad se dedicaba a captar dinero (tanto pesos como dólares) de particulares.
Y señalaron que se habría engañado a los “inversores” con el objeto de obtener una disposición patrimonial en su perjuicio, y sabiendo que no podrían hacer frente al pago de los altos intereses prometidos.
En línea con lo expresado por el fiscal general, los y las camaristas recalcaron que ninguno de los socios podía desconocer las actividades de “RT Inversiones”.
Por lo que ordenaron los procesamientos de nueve personas por integrar la asociación ilícita. Siete de ellas ya se encontraban procesadas por la intermediación financiera. A su vez, a seis de los implicados se los procesó por lavado de activos.
Por último, consideró que no se hallaban los elementos para procesar como había requerido el MPF al resto de los implicados, por lo que ratificó la falta de mérito para 19 de las personas investigadas en este tramo.
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