El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello decidió al inicio de la gestión de Javier Milei, quitarle a las organizaciones sociales y piqueteras la “tercerización” de los alimentos secos. Ahora, a los comedores validados se les entrega una tarjeta a través del programa Alimentar Comunidad que se carga con un determinado monto de dinero cada vez que se rinde la compra anterior.
Esto se produjo como consecuencia de haber encontrado supuestas irregularidades en el manejo de los comedores. Lo que originó una presentación judicial que pretenden investigar los presuntos delitos “de defraudación contra la administración pública” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Capital Humano presentó ante la Justicia las certificaciones de los 1.607 comedores y merenderos que “no pudo certificar”, ya sea porque ya no funcionaban más, porque nunca existieron o porque brindaron direcciones falsas, analizó el periodista Andrés Klipphan de Infobae.
Al respecto, explicó que esos lugares representan el 47,5% de los 3.385 que se relevaron entre el 7 de febrero y el 17 de mayo. Los “comedores fantasma” pertenecen a organizaciones sociales y piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita y Barrios de Pie.
Las dos últimas organizaciones se referencian en los ex funcionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez. También trabajaba en esa repartición Jeremías Cantero, la mano derecha en el Polo Obrero de Eduardo Belliboni. Cantero está imputado en otra causa judicial junto a 27 dirigentes populares por “extorsionar” a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas o actos partidarios bajo la amenaza de darles de baja el plan a través de la Secretaría de Economía Social, sostuvo Klipphan.
Hasta ahora Capital Humano había denunciado la inexistencia de 1.201 comedores, cifra que se amplió. La verificación de Pettovello indica que sí se acreditaron 1.766 comedores. Representan el 52,2% de los comedores visitados de manera personal y otros 12 lugares, el 0,4%, volverán a ser auditados. En total, esos comedores y merenderos asisten a 240.370 personas, un promedio de 163 beneficiarios por local.
Las pruebas fueron presentados el viernes ante el Fiscal Ramiro González por Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humana. Gianni habría afirmado ante la Fiscalía federal que de la investigación de Capital Humano “surge que el gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas ‘Argentina contra el Hambre’”. También conocida como “La Mesa contra el Hambre”.
Por lo que el fiscal Ramiro González debe investigar si los referentes de las organizaciones que los administraban seguían recibiendo los alimentos secos o dinero a través del programa Alimentar Comunidad; también a los funcionarios que debían controlar y no lo hicieron, agregó Klipphan.
La abogada ya había descripto en una de sus presentaciones que “el entonces Ministerio de Desarrollo Social para asistir a los merenderos/comedores tenía dos políticas: una, la adquisición de alimentos en especies; y la otra, otorgar dinero para la compra de alimentos. En ambos casos se otorgaba la asistencia a las agrupaciones sociales que declaraban nuclear merenderos/comedores para que sean ellas quienes terminen repartiendo la asistencia a los ‘preinscriptos’ en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM)”.
De las planillas incorporadas como prueba al expediente por Gianni se desprende que 38 organizaciones recibieron seis mil millones de pesos del área de “Políticas Alimentarias”, detalló el periodista. De esos datos oficiales también se desprendió que el Polo Obrero fue la organización social que más alimentos recibió en 2023 por parte del Gobierno de Alberto Fernández: 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas que se distribuyeron entre 44 entidades.
Los cuestionamientos provienen justamente de la incógnita de si el destino era realmente cubrir las necesidades de los más pobres. Desde Capital Humano entienden que no era así: “Pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, dijo la representante legal del Ministerio.
En la Casa Rosada están convencidos de que los bolsones de alimentos que debían ser destinados a los más vulnerables en muchos casos se utilizaban como herramienta de extorsión, como habría quedado plasmado en la causa a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, según informó Klipphan.
Las pruebas presentadas se determinó que en las direcciones donde supuestamente habían comedores funcionando, muchos de ellos ya no funcionaban como tal: había canchas de fútbol, en algunos estaba duplicada la inscripción, o en otros casos nunca habría existido tal comedor. En un caso, la titular habría asegurado que "el comedor dejó de funcionar hace seis meses, cuando dejó de recibir la mercadería", detalló Infobae.
Ahora la Justicia deberá determinar quiénes participaron y quiénes resultarían responsables de esta situación: "Entre ellos funcionarios públicos que hubieran prestado funciones tanto en la Secretaría de Inclusión Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias, en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023, como así también todo funcionario público que se desempeñara en áreas con vinculación a los hechos”.
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