En medio de un arranque conflictivo del ciclo lectivo, el Gobierno nacional anunció la prórroga de la vigencia del artículo 7° de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, mediante el Decreto 231/2024, publicado en el Boletín Oficial este jueves.
La disposición oficial establece que la prórroga apunta a asegurar el reparto automático de recursos coparticipables a los ministerios de Educación provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios. Estos recursos están destinados exclusivamente a cubrir gastos relacionados con la función educativa, en consonancia con los objetivos y metas de la política educativa nacional.
El contexto de tensiones entre el Ejecutivo, los gremios y las provincias, marcado por disputas en torno a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el recorte presupuestario educativo y la demora en la convocatoria a la paritaria nacional, fue crucial para esta decisión.
El Gobierno explicó en los considerandos que, ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual ejercicio, era necesario incorporar disposiciones complementarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional. La medida busca asegurar la asignación específica de recursos coparticipables, establecida inicialmente por un plazo de 5 años en el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo.
La normativa dispone que el monto total anual de esta asignación será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto. El Decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros, resalta que esta asignación tiene como objetivo aumentar la inversión en educación, destinando fondos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad e infraestructura educativa.
El documento oficial también subraya que la dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N°26.075 afecta directamente la situación económica de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente en lo que respecta al financiamiento del sistema educativo. En este contexto económico y social, el Ejecutivo destaca la necesidad de garantizar la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los objetivos de la mencionada ley.
La renovación en la vigencia de esta normativa, que regula la transferencia de fondos de Nación a las provincias, llega justo antes de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo, en un contexto de recortes generalizados, que también afecta al ámbito educativo de las provincias.
Fuente: Noticias Argentinas
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