Esta mañana en el programa “Al Despertar” (Radio Inforama FM 94.9) quedó al descubierto lo limitada que es la función del Tribunal de Cuentas, cuando se trata de revisiones que tienen que ver con la actividad que más dinero vuelca sobre la provincia de Catamarca.
Pablo Soria, Aldo Lencina y Juan Pablo Puente, de la Asociación del Personal del Tribunal de Cuentas de la República Argentina (APETCRA) explicaron que como trabajadores de este organismo están reclamando a la par de los trabajadores del Poder Judicial por la falta de actualización salarial.
Los referentes explicaron que, efectivamente, el sueldo de los trabajadores del Tribunal de Cuentas de Catamarca está atado a la actualización del salario de los empleados del Poder Judicial.
“Al igual que los judiciales, nosotros no cobramos con incremento porque nuestro organismo no cuenta con Presupuesto. Desde agosto no contamos con Presupuesto propio y dependemos del Ejecutivo. No así las autoridades del Tribunal, cuyo salario es idéntico al de un juez de Cámara por ley”.
300 trabajadores para controlar todo el Estado
Si bien la cuestión salarial es tema candente, otro que volvió a ponerse sobre la mesa es el debate sobre la función propia del Tribunal y la falta de capacidad técnica para efectivizar un control idóneo sobre las cuentas del Estado.
Según dicta la Constitución Provincial, el Tribunal de Cuentas controla al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las municipalidades y a todo ente en el cual se haya invertido un ingreso, por mínimo que sea, del Estado Provincial -como ser las empresas en las cuales tiene participación el Estado, sea minoritaria o mayoritaria-. Si hay fondos públicos, el Tribunal tiene que controlar.
Los entrevistados revelaron que entre los 300 trabajadores del Tribunal de Cuentas no hay personal idóneo y técnico para auditar la renta minera, que es el principal recurso propio de la provincia.
“En el Tribunal de Cuentas no tenemos ingenieros en minas que puedan ver, por ejemplo, una declaración jurada que hacen las empresas mineras cuando informan a la Provincia a través de la Secretaría de Minería el material extraído, la cantidad de oro en su momento, o la cantidad de metros cúbicos de litio de salmuera, de cloruro de litio, que se extrae hoy en día”.
Tampoco hay abogados especializados. Según los trabajadores agremiados, “no tenemos profesionales del derecho con especialidad para revisar un contrato minero, para saber si los intereses de la provincia están bien custodiados o si ese contrato celebrado en cuestiones mineras es beneficioso para la provincia o no, ni tampoco tenemos formados contadores en contabilidad minera o contabilidad de empresas mineras, como para llevar un mejor control”.
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