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Litigantes molestos: “Es criminal que no amparen a la sociedad”

La abogada Beatriz Monllau mostró su descontento en contra de las medidas de fuerza que están llevando adelante los magistrados del Poder Judicial.
Por Redacción Inforama

El Colegio de Abogados y Abogadas se pronunció la semana pasada sobre el paro que llevan adelante trabajadores y magistrados del Poder Judicial, destacando, entre otros argumentos, que el “reclamo ha incidido directamente en nuestra labor, con mayor acento en vísperas de la feria judicial, donde el colega espera un gesto del Poder Judicial en el avance directo y expedito de las causas en pos de regular sus honorarios que poseen carácter alimentario, y poder cubrir sus necesidades básicas”.

Beatriz Monllau, abogada.

En esta perspectiva, la abogada del foro, Beatriz Monllau dijo sobre la lucha entre los poderes (Ejecutivo y Judicial) que “jamás vi algo parecido” desde 1994, año en que comenzó a ejercer sus funciones en Catamarca. “Hay un conflicto de poderes, que no sale a la superficie, de hecho es rarísimo lo que está pasando en estos momentos”, manifestó.

En esa línea, extendió su opinión al mencionar que “en el caso particular de los empleados del Poder Judicial no tengo nada que reprochar porque el empleado tiene derecho a huelga, tiene derecho a plantear un aumento, pero los magistrados deben mantenerse al margen”.

En coincidencia con muchos de sus pares, Monllau se mostró molesta por el panorama “perjudicial”, donde se están suspendiendo plazos en las causas. La abogada opinó que “todos tenemos derecho a ganar bien y yo creo que por igual trabajo igual remuneración. Los empleados venían percibiendo una remuneración, tienen expectativas de aumento y por supuesto están luchando por la expectativa que tienen de aumento y expectativa que le dio el gobierno. El problema es la coyuntura social-económica que vivimos en estos momentos en el país, que no dan los números, porque hubo despilfarros”.

Y reiteró la diferencia con los funcionarios y magistrados, sobre quienes consideró que “pueden seguir discutiendo y negociando sus aumentos, pero no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a cerrarnos las puertas de un servicio esencial. Es un incumplimiento de la ley”. “Es criminal que no amparen a la sociedad. Yo no puedo creer que te contesten que están de paro”, concluyó en referencia a los casos en donde no están recibiendo, por ejemplo, denuncias.