Las medidas anunciadas en campaña por el ministro de Economía, Sergio Massa, empiezan a sentirse en la recaudación de las provincias. Los gobernadores están preocupados y ven peligrar el funcionamiento de la administración pública.
Pre balotaje, Raúl Jalil le solicitó a los Poderes del Estado y al Tribunal de Cuentas que readecúen los anteproyectos de Presupuesto 2024 porque superan las pautas del Régimen de Responsabilidad Fiscal. El gasto no debe superar a pauta de variación del índice de Precios al Consumidor del 69,5%, según lo fijado por Nación.
Sin embargo, el Poder Judicial desoyó las indicaciones y defendió sus razones. Cuestionan que los cálculos que se realiza no permiten conservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores judiciales, y que no se está teniendo en cuenta la especificidad de la labor. Y que además, con la pauta fijada para este año ya no están en condiciones de pagar los sueldos.
Esta mañana en declaraciones radiales, la presidenta de la Corte de Justicia defendió la postura del Poder Judicial y le pidió al Ejecutivo que “no se entrometa”
“Nuestra respuesta al Ejecutivo fue que no es su facultad solicitarle esto a otro Poder del Estado. Esto no es un capricho del Poder Judicial, sino que lo dice nuestra Constitución Provincial: el Presupuesto debe ser tratado y valorado con los demás presupuestos del Gobierno Provincial y teniendo en cuenta cuáles son los ingresos y prioridades que va a fijar”, expresó Fernanda Rosales.
Para la jueza de la Corte, “este pedido del Poder Ejecutivo es una intromisión en las facultades que tienen los distintos poderes del estado” y aseguró que irán a la Legislatura a poner en discusión los cálculos en los que se basa el Ejecutivo.
“La discusión que daremos –de manera transparente, abierta y que se explicite hacia a la sociedad-, es relativa a cómo se calcula ese índice. Nosotros no planteamos aumentos por fuera de esa pauta del 69,5%, sino que lo que estamos discutiendo es la forma de cálculo”, expresó.
Rosales explicó que para poder conservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores judiciales, el incremento de la pauta salarial debe realizarse en base al índice de inflación que se calcula respecto del mes anterior, y no a partir de enero como estipula el Gobierno.
“Además queremos que se tengan en cuenta las aristas de la labor que realiza cada trabajador del Estado. Hay incompatibilidades por la función, por los horarios, por el régimen de trabajo. Desde el Poder Judicial no vamos a incidir en el presupuesto de los otros Poderes”, señaló.
Por último, fue firme al asegurar que mantendrán el Presupuesto enviado a la Legislatura.
“Pensar que todo lo que implica el funcionamiento de cualquier Poder del Estado solo aumentó en el 60% en el año, cuando a todas luces la evidencia que vive la sociedad día a día es altamente mayor a esa pauta, ¿cómo con un presupuesto establecido con esa pauta puede pretenderse que se llegue a fin de año con el funcionamiento normal y óptimo? Decir eso es mentiroso”.
Fernanda Rosales, presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca
“Hoy no tenemos para pagar los sueldos de noviembre, y todavía el Ejecutivo no nos contesta”, concluyó.
La respuesta del gobernador Jalil
De inmediato, el primer mandatario provincial salió a responder. Raúl Jalille cuestionó a la Corte la falta de “criterio de prudencia” y aseguró que el Poder Judicial está otorgando aumentos salariales por encima de los que otorgó el Poder Ejecutivo.
“Nosotros no le dijimos que se bajen el sueldo, que no mientan. Le dijimos que tienen que cumplir con la pauta nacional. Me reuní personalmente con los miembros de la Corte y les solicité que no den aumento de sueldos, porque no se ha dado en ningún otro ámbito”.
Molesto, Jalil dijo que los jueces de la Corte “se dieron un aumento de sueldo y tienen un 30% más de lo que dimos en el Poder Ejecutivo. Un miembro de la Corte gana tres veces más que un ministro y eso no puede ser. Hay que regularlo, estudiarlo en forma prudente y conjunta”.