El precandidato a gobernador por la lista La Libertad Avanza, José Jalil Colomé, brindó una entrevista al programa “Sin Grietas” en Radio On y aseguró que la primera medida que va a tomar en caso de ser electo, será prohibir la aplicación de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
El candidato de los libertarios en Catamarca expresó abiertamente que prohibirá “cualquier tipo de práctica abortiva dentro de la Maternidad Provincial”.
“La Maternidad Provincial es el lugar donde tenemos las puertas abiertas a la vida, y no puede ser que tengamos las ventanas abiertas al infierno”, continuó.
“No puede ser que una bebida está naciendo, y tengamos una bebita a la cual se le está inyectando líquido que le quema todo y le hace sentir que se está quemando y la cortamos en pedazos”.
José Jalil Colomé, precandidato a gobernador por la lista La Libertad Avanza
Los periodistas en la mesa le preguntaron de qué manera llevaría adelante esta medida, teniendo en cuenta que se trata de una ley de aplicación en todo el territorio nacional.
“Consulté con gente, abogados a nivel nacional en Catamarca, y me explicaron que hasta podríamos prohibirla totalmente sin cambiar la ley. Nuestra Constitución nos garantiza y nunca delegamos en la Nación nuestra administración de la salud provincial. Ese es mi compromiso y voy a ir personalmente, voy a caminar a la Maternidad Provincial el primer día cuando cerremos el ‘abortero’ en la Maternidad, el matadero en realidad”, concluyó Colomé.
¿Puede prohibirse la aplicación de una ley nacional?
Desde la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en diciembre de 2020, hubo escasos intentos de obstaculizarla.
Los pocos que se iniciaron fueron por vía judicial a través de recursos de amparo que se fundamentaban en supuestas “fricciones” con las constituciones locales, lo que para algunos jueces –abiertamente pronunciados en contra de la IVE- era motivo suficiente para suspenderla, en casos específicos. Pero nunca de manera general.
Para la abogada y especialista en derechos reproductivos, Soledad Deza, estas medidas cautelares contra la ley de aborto “no tiene fundamentos jurídicos”, por lo que están destinadas al fracaso.
Deza explica que nuestro país es federal, por lo que no sería legítimo que una provincia tuviera un estándar de derechos humanos más bajo que el resto de las provincias. “Eso lo que implica, en términos jurídicos, es ignorar la supremacía constitucional en nuestra forma de organización política”.
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