Este jueves será la segunda jornada del proceso que debate la Comisión de Juicio de Político de la Cámara de Diputados. Se presentarán los autores de los 14 proyectos de resolución con denuncias contra los magistrados. El diputado provincial, Tiago Puente se mostró reticente a la postura del oficialismo ante el pedido de enjuiciamiento.
"Cristina tiene una agenda en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación en contra de la Justicia. Se trata de la búsqueda de la impunidad del kirchnerismo, un retroceso en contra de la democracia y un avance hacia las instituciones y esto Juntos por el Cambio no lo va a avalar. Esto ya lo han expresado los jefes de los bloques y los presidentes de nuestros partidos internos", expresó Puente en una entrevista con TVEO.
El proyecto presentado por diputados del Frente de Todos, encabezados por Eduardo Valdés, propuso citar a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja y a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque los magistrados no están obligados a asistir.
El objetivo del proceso legal es "investigar a los jueces por su conducta durante el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación.
"Entendemos que este 2023 se debate cuál es el rumbo para el futuro. Nosotros somos el antagonismo del peronismo, creo que hoy vamos a dialogar en pos del futuro y no en pos de los parches que dan a corto plazo", concluyó el legislador.
Postura de JxC a nivel nacional
Juntos por el Cambio decidió como estrategia global impugnar el proceso que impulsa el kirchnerismo, sin embargo a nivel nacional, los dirigentes dan respaldo al enjuiciamiento de Lorenzetti:
“No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo, pero creemos que el pedido de juicio político del oficialismo es muy benévolo con Lorenzetti, y nosotros tenemos algunas cosas para decir”, afirmó la diputada Paula Oliveto.
Los dos pedidos de juicio político de la Coalición Cívica-ARI consideran al santafesino responsable por irregularidades administrativas en el manejo de los fondos del presupuesto del tribunal y de haber articulado “una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia, que condicionaron el accionar en la Magistratura” durante los años que ejerció la presidencia del tribunal.
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