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Cartelización de la obra pública: Niederle contrató un abogado cordobés para que lo defienda

Gonzalo Ferreras, quien en 2021 defendió al femicida Naim Vera, llevará adelante la representación legal del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, en la causa de las contrataciones directas a la firma de Air Total SRL.
Por Lucia Acosta

Ante el fiscal de la Unidad de Delitos Especiales, el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle se constituyó en la causa que lo tiene como principal señalado por haber realizado más de 40 contrataciones directas a una misma empresa en poco más de un año.

Para tal fin, solicitó la asesoría del abogado Gonzalo Ferreras de la provincia de Córdoba. Ferreras es quien supo llevar adelante la defensa de Naim Vera, el femicida de Brenda Micaela Gordillo. 

Hay que resaltar que tanto el ministro como el empresario Rodolfo Gallo aún no fueron imputados por el fiscal Facundo Barros Jorrat

En diálogo con INFORAMA, Ferreras confirmó: “Hemos comparecido para ponernos a disposición y colaborar con el Fiscal. Desde el primer momento se colaboró y se facilitó toda la información”. 

“El comparendo es una formalidad al solo efecto de que, si el Fiscal necesita algún otro elemento poder canalizarlo a través de su patrocinio letrado”, explicó el abogado cordobés.

La semana pasada, la fiscalía ordenó un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, a cargo de Eduardo Niederle, y secuestró expedientes vinculados con las contrataciones a la empresa Air Total, propiedad de Rodolfo Gallo.

La denuncia

A fines de noviembre, la oposición en su conjunto presentó una denuncia penal en contra del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, y el titular de la empresa Air Total SRL, Rodolfo Gallo, por las más de 40 contrataciones directas que se destinó a la firma por más de 2.100 millones de pesos.

Ahora, el fiscal Barros abrió una investigación para determinar si el Gobierno incumplió el régimen de contrataciones de la Provincia, al desdoblar expedientes para disponer realizar contrataciones directas a una sola empresa, en lugar de licitaciones o concursos de precios para garantizar la competencia entre proveedores y  transparencia en la gestión pública.