Durante la jornada de ayer, el abogado defensor Iván SarquÃs volvió a insistir en la recusación del fiscal Hugo Costilla. El fiscal de Instrucción está a cargo de la causa del crimen de Juan Carlos Rojas, el exministro de Desarrollo Social de Catamarca.
A casi un año de la muerte del funcionario, aún no hay culpables, ni pruebas contundentes. La querella del hijo de Rojas buscará el apartamiento de Costilla por tercera vez. La audiencia de control está a cargo de juez de Control de GarantÃas N° 3, Lucas Tomás Vaccaroni.
"Los elementos que presentamos en la audiencia, fundamentan nuestra preocupación sobre la objetividad del Ministerio Público en el desarrollo de las pesquizas. Esperamos a partir de esto, que el Ministerio reformule su temperamento investigativo y que finalmente se logre avanzar en la dilusidación del crimen", explicó SarquÃs en entrevista con TVEO.
La querella insistió que se trató de un "magnicidio", ya que el exsecretario general de UTHGRA estaba en plena función cuando ocurrió el crimen.
"Las circunstancias que se han desarrollado en el contexto han puesto en manifiesto una incapacidad por parte de los investigadores y un sesgo de las lÃneas investigadas. Ya que hay una serie de planteos que ha hecho la querella que no han sido recibidos por el Ministerio Público y eso nos ha puesto en alerta", explicó el abogado.
"En dos oportunidades hemos pedido el apartamiento y en este caso, la recusación del juez de control. La investigación tiene 22 cuerpos, una imputada atada con un piolÃn, todas las lÃneas de investigación abiertas y cero resultados", concluyó la defensa de Fernando Rojas.
¿Qué es recusación en materia penal? Se trata de un instrumento procesal por medio del cual las partes están en condiciones de reprochar la competencia del juez o del magistrado que conoce de un juicio o procedimiento en el que intervienen. Esta impugnación se presenta mediante un escrito formal en el que se expresa los motivos y las pruebas que acrediten su recusación. El proceso es atendido por un juez o tribunal superior, quien decidirá si se atiende a la recusación o si el recusado puede seguir participando del proceso.
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