En un encuentro privado y secreto, el Gobierno y un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) acordaron avanzar con la reforma de la Constitución provincial a cambio de cargos políticos en la órbita del Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados.
La reunión se llevó a cabo la noche del martes en una casa del diputado provincial y presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, en La Falda de San Antonio (FME). Por el lado del Gobierno estuvieron el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda; el asesor general de la Gobernación, Nicolás Rosales Matienzo; la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero; y el diputado Gustavo Aguirre. Los radicales presentes fueron todos diputados: Luis Lobo Vergara, Silvana Carrizo, Alicia Paz, Luis Fadel, Juana Fernández y el propio Marchioli. De ellos, Lobo Vergara y Fernández finalizan su mandato en diciembre próximo.
Un día antes, los radicales habían realizado un homenaje al aniversario de los 40 años de la democracia en la sede del Comité Provincia, y luego se trasladaron al acto organizado por la Universidad de Catamarca en el SUM de la escuela ENET Nº 1, donde el invitado principal fue el gobernador Raúl Jalil, quien asistió junto a varios funcionarios del Gabinete. El clima de camaradería que se observó entre oficialistas y opositores fue excepcional, en medio de brindis con vinos y espumantes orgánicos presentados por la UNCA.
El punto principal de negociación sería el apoyo del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, o al menos de varios de ellos, al proyecto de reforma parcial de la Constitución de Catamarca, que requiere la aprobación de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja. Fue precisamente la falta de votos lo que impidió durante varios años la aprobación de la enmienda constitucional. La primera iniciativa la envió la exgobernadora Lucía Corpacci a principios de la década pasada.
El gobernador Jalil había admitido que uno de los temas pendientes para su segundo mandato era llegar a un acuerdo con la oposición para aprobar esa reforma. Uno de los puntos es poner un tope a las reelecciones de los cargos electivos, pero también avanzar con reformas en el Poder Judicial y en el Legislativo.
Según información a la accedió INFORAMA, el llamado “Pacto de San Antonio” contemplaría a cambio de ese apoyo opositor al proyecto de enmienda una serie de cargos políticos en organismos descentralizados del Estado.
Trascendió que el Gobierno ofreció a los legisladores radicales dos cargos en el directorio de la empresa minera CAMYEN; uno en el fideicomiso minero y otro en el directorio de la ex CAPRESCA. Además, se habrían comprometido dos cargos de planta permanente a disposición de cada diputado.
El que alzó la voz de alerta por este pacto fue el diputado José “Chichí” Sosa, quien en la sesión ordinaria de hoy en la Cámara baja responsabilizó al gobernador Jalil por promover y lle. var adelante estos “acuerdos entre gallos y medianoche”. Dijo que el diálogo político “debe ser institucional” y “no extra muros”. “Así no sirve, vamos a salir manchados, el toma y daca no tiene futuro”, advirtió.
Lo cierto es que el acuerdo provocó un fuerte malestar en el radicalismo. Esta tarde varios dirigentes críticos de la conducción salieron a cuestionar que se hagan arreglos a puertas cerradas y solo para beneficio de algunos diputados que terminan su mandato en diciembre. Uno de ellos fue la exdiputada Paola Bazán en su cuenta de Instagram.
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