El abogado Fernando Burlando pidió hoy la detención del médico Aníbal Lotocki, responsable por la muerte de Silvina Luna, de acuerdo a un fallo de la Justicia, y en virtud de la "complejidad que adquirió su situación procesal" en los últimos tiempos.
El cirujano fue condenado en su momento a cuatro años de prisión por mala praxis, pero esa sentencia fue apelada y por tal motivo está en libertad ambulatoria.
"Cando Lotocki fue condenado no tenía los antecedentes que hoy tiene, los cuales hablan de causas abiertas y otras investigaciones", agregó Burlando en rueda de prensa.
El abogado encabezó la convocatoria organizada en la Asociación Argentina de Actores, en la cual varias víctimas de mala praxis expusieron sus problemas de salud, a raíz de procedimientos estéticos que no fueron realizados de manera correcta o que incluso se efectuaron sin el consentimiento de los pacientes.
Además, remarcó la importancia de crear una ley que ampare a las personas que quedan desprotegidas y sin poder lograr Justicia. Burlando remarcó la importancia de que se regule la actividad de los cirujanos plásticos, una idea que ya se denomina como "Ley Silvina Luna".
“La idea es que se genere un conocimiento obligatorio de los materiales. Cuando vos entrás a un quirófano, ponés tu vida voluntariamente en las manos del profesional de la salud, y ese tipo en ese momento y en ese lugar tiene poder nivel Dios. El marco da tranquilidad al médico y al paciente”, explicó el abogado.
Burlando no sólo representaba legalmente a la actriz, era amigo personal y está muy comprometido con la causa: “Silvina era una mujer muy dulce, inteligente y con muchísimas ganas de vivir, por eso pegó tan fuerte la noticia, pero a todos nos explicó que ella estaba agradecida por haber vivido, y por haber vivido tan intensamente. Ahora hay que continuar por ella”.
Hay un precedente en Colombia, que aprobó una ley, gracias al impulso de Elizabeth Loaiza, una modelo que tuvo que amputarse los glúteos para poder quitarse el producto que le habían inyectado.
La Ley 2316 de 2023 tiene como objetivo proteger a las víctimas de biopolímeros en el país, garantizándoles tratamiento psicológico y físico, incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), como la opción de recurrir a la extracción o manejo de la sustancia en el cuerpo, rehabilitación y los medicamentos necesarios.
La pena será de dos a diez años de prisión para aquellos que apliquen el producto con multas de hasta 250 millones de pesos. Se contemplará como agravante si hubo engaño, si el paciente era menor de edad o si el producto hubiese sido colocado en el rostro.
Fuente Noticias Argentinas.
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