En el debate que abrió las actividades que organizó la Cámara de Diputados por el mes de la mujer, profesionales y legisladoras analizaron el activismo por los derechos sexuales y reproductivos con el objetivo de analizar cuales son las barreras u obstáculos que impiden el acceso a derechos o los conculcan. Al tema lo abordaron la psicóloga y referente del equipo de Ley IVE-ILE (Interrupción Voluntaria del Embarazo - Interrupción Legal del Embarazo) Alejandra Rossaroli, la jefa del Servicio de Obstetricia de la Maternidad Provincial, Marina Villagra, la legisladora Claudia Palladino y la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Guerrero. Estuvieron acompañando el debate las diputadas Mónica Zalazar, Verónica Mercado, Marina Andrada, Adriana Diaz, Analía Brizuela, Paola Fedeli, Natalia Soria, la secretaria de Mujer, Género y Diversidad de la provincia, Gabriela Ibáñez y la concejala de Fray Mamerto Esquiú, Belkys Vera.
Inició la charla Rossaroli, quien planteó que “para poder escuchar tenemos que librarnos de prejuicios, este es uno de los mayores obstáculos, porque si bien la ley IVE está vigente, aún seguimos teniendo obstaculizaciones. Podemos entender la objeción pero no podemos entender la obstaculización”. Además, comentó que durante el último mes asistieron a la Maternidad cuatro niñas madres. “Escuchar a estas niñas, porque no tienen más de 12 años, y entender cuál es el destino, es doloroso, porque sus derechos no están siendo garantizados y esto nos tiene que llamar a la reflexión como comunidad”. En tanto, indicó que “una de las principales barreras al acceso del sistema de salud lo tenemos en el interior, no puedo ser ajena a la situación; también se debe revalorizar el lugar que tiene cada uno de los efectores de salud”.
Luego, Villagra abordó la IVE contemplando que si bien en los últimos años hubo varios cambios aún existen prejuicios y señaló que para derribarlos se debe “garantizar el derecho a la información”. A la vez, consideró que “si bien hubo leyes, a veces cuesta que se apliquen en la realidad, justamente por esos prejuicios, debemos empaparnos de información”. La profesional consideró que entre los obstáculos que impiden el acceso a derechos está la falta de capacitación y de información entre organizaciones públicas. “La interrupción del embarazo, a veces de distintos organismos no daban información, lo que no debe significar que por no estar de acuerdo se niegue la información ya que esto es algo integral, tiene que ver con educación, justicia, todos los organismos del Estado”. “Son políticas públicas basadas en leyes y como funcionarios debemos cumplirlas, como profesionales tenemos derecho a la objeción de conciencia pero no debemos obstaculizar” subrayó.
Palladino, por su parte, indicó que “el derecho sexual reproductivo es poder decidir dónde, cuándo, con quién, con placer, según mi identidad de género y sexual, accediendo a la información, acceder a métodos anticonceptivos y la información para la libre elección y a todos los cuidados necesarios que el Estado debe brindar”. También recordó que en el pasado a la mujer “se la veía como un insumo de reproducción, con frases como `hay que poblar la argentina´, que creían que poblar era gobernar dejando de ver a la mujer como sujeto de derechos que puede decidir qué quiere hacer y sin ver la sexualidad como algo placentero, más allá de si vas a procrear o no, más allá de la sexuialidad o cómo se la expresa”.
Sobre el final, Guerrero destacó la importancia de la ESI “y la necesidad que desde el Estado se arbitren todos los medios necesarios para una progresiva y plena implementación en escuelas públicas de gestión estatal y privada”. En esta línea, consideró que se debe poner en debate “en qué medida en que el respeto al ideario institucional de las instituciones de salud y de los establecimientos educativos está limitando, restringiendo e impidiendo el ejercicio de los derechos” en relación a la ESI y a la ley que crea el programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. También planteó “el gravísimo problema que tenemos a nivel provincial en todos los sectores sociales, porque esto es transversal, sobre las violencias sexuales contra las infancias, un flagelo en nuestra provincia y en esto hay sectores que parecen querer que no se hable porque creen que si no se hablan los hechos no existen. Los hechos existen y son graves”. La Presidenta también apuntó a “la necesidad de una reforma judicial feminista”. “No puede ser que las denuncias por abusos sexuales, por delitos contra la integridad sexual de mujeres, diversidades e infancias duerman el sueño de los justos”. En esta línea, contempló que “hay casos muy evidentes y muy conocidos donde la víctima o sobreviviente hace la denuncia, pasan uno, dos años o más, hasta que el presunto autor recién resulta imputado por la justicia”. “Esto atenta contra los derechos de las sobrevivientes de los delitos contra la integridad sexual” concluyó.
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