El bolsillo de consumidores tendrá un impacto desde febrero con aumentos de servicios básicos y con el objetivo puesto en que la inflación de este año sea inferior a la de 2022.
La mayor actualización la tendrá el servicio energético para quienes les corresponda la quita de subsidios. Según adelantó la secretaria de Energía, Flavia Royón, durante 2023 habrá una única actualización en el costo del insumo de 28,3% para aquellos usuarios que perciban ingresos altos y medios. De acuerdo al diario Ámbito Financiero, los usuarios residenciales de luz, comprendidos en los niveles 1 de ingresos altos y 3 de ingresos medios, percibirán en sus facturas un incremento promedio de un 14% en el servicio eléctrico.
Según el esquema de aumento de los precios de la nafta y el gasoil acordado a través del programa Precios Justos, los combustibles tendrán un incremento de 4% durante febrero y otra suba de 3,8% en marzo.
Por su parte, las facturas de gas aún tienen incrementos tarifarios pendientes de definición. El pasado 4 de enero se realizó una audiencia pública que aseguró una suba del servicio de gas para febrero, pero aún está pendiente el anuncio oficial del porcentaje exacto.
En el caso de la medicina prepaga, a partir de febrero de 2023 se comenzará a aplicar una nueva fórmula de aumento de las cuotas, vinculada al índice de variación salarial (Ripte), que calculado a fines de diciembre, el aumento a aplicar por las prepagas será de 4,91% en febrero para quienes se encuentren por debajo del tope (90% del índice Ripte del mes anterior para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles, que fueron $406.458 en febrero).
Por su parte, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó incrementos escalonados de hasta 9,8% en febrero y 7,8% en abril para los servicios de telefonía, Internet y televisión por cable.
Para los inquilinos cuyos contratos tengan que realizar la actualización de alquiler anual en febrero de 2023, los aumentos serán del 85,88%, según el índice de actualización establecido por la polémica Ley de Alquileres vigente, que contempla las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios
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