En la última sesión ordinaria, Diputados trató sobre tablas la unificación de dos iniciativas de resolución, una presentada por el bloque del Frente de Todos y la otra por Natalia Herrera (UCR-JPC). Con ello, de forma unánime, la Cámara Baja repudió la mora de la Justicia catamarqueña para resolver causas que investigan delitos contra la integridad sexual y de violencia de género, y a la vez, expresó su preocupación por la situación institucional en el municipio santarroseño de Bañado de Ovanta generada por la continuidad en el ejercicio del cargo del intendente Elpidio Guaraz.
En la oportunidad, Adriana Díaz se encargó de fundamentar la iniciativa presentada por el bloque del Frente de Todos. “La comisión de delitos tan aberrantes como lo son aquellos que atentan contra la integridad sexual de las personas y su presunta comisión por parte de un funcionario público, no puede ser un tema ajeno a ésta Cámara” dijo, para aclarar que si bien no es función del Poder Legislativo condenar o sancionar a quienes se encuentren inmersos en estos tipos de delitos, “debemos, como representantes del pueblo de la Provincia, pronunciarnos sobre el particular”. Indicó que el proyecto expresa la “más profunda preocupación por la continuidad en el cargo de intendente de la Municipalidad de Santa Rosa del señor Elpidio Guaráz, quien se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad”. “Anhelamos también que desde el Concejo Deliberante de dicho municipio, se expresen y pongan en funcionamiento los mecanismos establecidos para poder apartarlo de su cargo” agregó.
Además, remarcó que el Frente de Todos exhorta al Poder Judicial, “el que nos tiene acostumbrado a su inacción y quien tiene la exclusiva responsabilidad de resolver sobre las causas en contra del Intendente Guaráz, a que con la mayor celeridad posible resuelva su situación procesal”. Por su parte, Herrera celebró “que podamos emitir opiniones y poner sobre la mesa este tema tan delicado, es muy importante que desde nuestras bancas podamos manifestarnos y consensuar una opinión coincidente en apoyo a las víctimas”. “Entendemos que el actuar de la Justicia debe cumplir con procedimientos y plazos de manera obligatoria, pero también sabemos que se exceden ampliamente de estos plazos” dijo y solicitó “a la justicia que actúe con celeridad porque hay que dar respuesta a la víctima”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, lamentó que “la institución Judicial haya esperado más de un año y medio, 18 meses a partir de la denuncia, para recién formular una imputación penal”. “Es fundamental manifestar nuestra honda preocupación por esta dilación indefinida de causa penales, dilación que no es nueva” acotó. También subrayó que “cuando los derechos de una persona han sido vulnerados a través de presuntas conductas tipificadas por el código penal, quien tiene que actuar es la justicia penal, no es el poder Legislativo ni el Ejecutivo”. Luego, Alfredo Marchioli (UCR-JPC) observó que ambas iniciativas eran complementarias. Por su parte, Juan Denett (FT) remarcó que no se puede seguir “soportando más la mora judicial” y preguntó: “¿Cuántas víctimas mueren esperando justicia?”. Durante el debate aportaron con miradas divergentes Luis Lobo Vergara (UCR-JPC), Natalia Saseta (PRO-JPC), Alejandro Páez (UCR-JPC) y Mónica Zalazar (FT).
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