La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció violaciones de derechos humanos hacia las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, que fueron detenidas durante el desalojo de predios ocupados en Villa Mascardi en un operativo que fue coordinado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Gómez Alcorta anunció además que su cartera gubernamental está “interviniendo activamente” con presentaciones judiciales en favor de las mapuches detenidas.
Como el ministro Fernández defendió la actuación de las fuerzas especiales bajo su mando y el Gobierno nacional lo respaldó, esta noche trascendió que la ministra Gómez Alcorta podría dar el portazo al gabinete de Alberto Fernández, ya que se siente políticamente aislada.
“La situación es sumamente preocupante”, sostuvo Gómez Alcorta al cuestionar las actuaciones dispuestas por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien ordenó el operativo judicial que fue instrumentado por Fernández. Para la funcionaria nacional, la magistrada instruyó medidas que incumplen “la Constitución nacional y pactos internacionales” y vulneran normativas como la ley de “parto respetado”. Según afirmó, en el grupo de detenidas hay “una líder espiritual”, dos mujeres que se encontraban con sus hijos pequeños y una embarazada de 40 semanas, con problemas de hipertensión.
“Inmediatamente, el ministerio y otros organismos buscamos la información que era confusa en un primer momento. Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento ayer que se rechazaron todas esas excarcelaciones”, afirmó la ministra en diálogo con radio AM 750.
Las mujeres fueron detenidas en el marco del comando operativo unificado para liberar 40 hectáreas de tierras que diversos grupos que se autodenominan mapuches usurparon a partir de 2017 en la zona de Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu nunca acataron las intimaciones de las autoridades y avanzaron sobre propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico.
Luego de la ocupación de los primeros lotes, los encapuchados vandalizaron y usurparon las instalaciones del ex hotel IOS –donde estaba prevista la instalación de la Escuela de Guardaparques- y la propiedad La Escondida, que pertenece al vecino Juan Greham y su esposa. Luego siguieron con el lote perteneciente al Obispado de San Isidro y dos lotes pertenecientes a la Unión Personal Superior de Gas del Estado.
La semana pasada, luego de incendiar un puesto móvil que tenía Gendarmería Nacional en la propiedad Los Radales –que fue vandalizada dos meses atrás- colocaron una barricada en el acceso e ingresaron a la vivienda, en lo que representa la continuidad de su plan de expansión en todo el territorio.
El último miércoles también usurparon La Cristalina, una cabaña que pertenece al presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi.
Esta semana, la Justicia ordenó que cesaran los delitos que se cometen en la zona. Cuando llegaron los efectivos, la mayoría de ellos de la Policía Federal, los usurpadores reaccionaron con violencia: arrojaron piedras y provocaron detonaciones.
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