El sistema previsional argentino atraviesa una etapa de fuerte desfinanciamiento como consecuencia directa de la caída en el empleo registrado y la profundización de la precarización laboral. El abogado y especialista en seguridad social, Juan Carlos Juárez, precisó que entre febrero de 2024 y febrero de 2026 la cantidad de trabajadores registrados se redujo de 12,8 millones a 12,5 millones, lo que representa una baja neta de 360 mil aportantes. A esta contracción cuantitativa se suma un deteriorado perfil cualitativo, dado que la mayor pérdida de puestos de trabajo se produjo en los sectores de salarios más altos, restándole al sistema ingresos de elevado valor contributivo.
El impacto económico sobre las arcas del Anses se agravó a partir de decisiones regulatorias y la reorientación de las contribuciones patronales. La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) mediante decreto presidencial absorbió un 3 % de las contribuciones de los empleadores, provocando una merma que Juárez estimó en casi el 11 % de los ingresos destinados al pago de haberes, lo que equivale a una pérdida piso de 3.000 millones de dólares anuales. Frente a este escenario, cerca del 50 % de cada jubilación o pensión debió comenzar a cubrirse con recursos fiscales provenientes de impuestos como el IVA, Bienes Personales y Ganancias, al no haberse establecido mecanismos alternativos de compensación.
El ajuste sobre el sector se evidencia tanto en la liquidación de sentencias judiciales como en la pérdida de poder adquisitivo de los haberes mínimos. Actualmente existen 100 mil sentencias con orden de pago pendientes de resolución, contrastando las escasas 9.000 liquidadas en 2025 con el promedio anual de 35.000 que se abonaban hasta 2023. Asimismo, el especialista remarcó que el bono extraordinario de 70.000 pesos se mantiene congelado desde hace más de dos años; de haberse actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), dicho monto alcanzaría hoy los 210.000 pesos, habiendo pasado de representar el 53 % de una jubilación mínima en marzo de 2024 a tan solo un 18 % en la actualidad.
El escenario futuro proyecta un incremento de la conflictividad judicial y severas restricciones para el acceso a la cobertura previsional de las nuevas generaciones. Con la eliminación de la moratoria, los trabajadores que no completan los 30 años de aportes deben desembolsar montos cercanos a los 4,8 millones de pesos antes de cumplir la edad legal, empujando a los sectores informales, que representan el 43 % de la economía, a optar únicamente por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Del mismo modo, la utilización de índices desfasados para el cálculo del haber inicial genera una pérdida previa del 30 % en la tasa de sustitución, proyección que elevaría a 700 mil la cantidad de juicios en proceso por reajuste hacia mediados del próximo año.
