Durante una sesión presidida por Paola Fedeli, la Cámara de Diputados sancionó definitivamente la Ley de medición, compensación y reducción de la huella de carbono, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un marco normativo para la mitigación del cambio climático en Catamarca. La ley, que fue aprobada hoy por mayoría tras un extenso debate, tiene como objetivo central reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y fomentar un modelo de desarrollo sostenible en la provincia.
La medida, que había recibido media sanción en el Senado en abril, establece parámetros para la medición y control de la huella de carbono en sectores clave de la economía provincial, como la industria, la agricultura, la minería, el transporte y la energía. Según los términos de la ley, tanto empresas públicas como privadas, nacionales y extranjeras, y organizaciones sin fines de lucro que operen en la provincia, deberán ajustar sus actividades para reducir su impacto ambiental y contribuir a los compromisos internacionales asumidos en materia de cambio climático.
Objetivos clave de la ley
El principal objetivo de la ley es establecer metas de compensación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el territorio provincial, alineándose con la Ley Nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. En este sentido, se busca contribuir al logro de la neutralidad de carbono en línea con los compromisos internacionales, especialmente con el Acuerdo de París.
Reacciones a la ley
Pablo Castro (Frente de Todos), quien actuó como miembro informante del proyecto, explicó que la ley contempla la creación de un fondo compensador para financiar iniciativas de mitigación y la promoción de actividades que generen sumideros de dióxido de carbono, como los bosques y áreas protegidas. Además, la ley establece la necesidad de crear un sistema uniforme de medición, reporte y verificación de la huella de carbono en la provincia.
“La ley no solo establece objetivos concretos de compensación y reducción de emisiones, sino que también impone sanciones para aquellos que incumplan los parámetros establecidos o falseen las declaraciones juradas”, afirmó Castro, destacando que esta normativa es pionera en el país para regular específicamente la huella de carbono.
El proyecto recibió el respaldo de Tiago Puente (UCR), quien subrayó la importancia de contar con herramientas que permitan medir y monitorear las emisiones de GEI de manera efectiva en toda la provincia. “El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra época, y debemos contar con datos precisos para tomar decisiones responsables que impacten positivamente en nuestro entorno y nuestras comunidades”, destacó Puente.
Por otro lado, Hugo Ávila (FAC) consideró que la ley debería haber incluido también la huella hídrica, además de la huella de carbono, ya que los recursos hídricos son otro aspecto crucial del cambio climático. Sin embargo, Pablo Castro aclaró que este proyecto se centra exclusivamente en la huella de carbono y que, en el futuro, podrían abordarse otras problemáticas ambientales de manera separada.
Gustavo Aguirre (FT) defendió la ley como un avance significativo en sostenibilidad ambiental y enfatizó que “la ley busca transformar la actividad económica local hacia un modelo bajo en carbono, promoviendo empleos verdes y desarrollo inclusivo”.
¿Catamarca en el camino hacia un futuro más sostenible?
Con la sanción de esta ley, Catamarca se posiciona como una de las primeras provincias argentinas en adoptar un marco regulatorio detallado sobre la huella de carbono y la reducción de emisiones. Además, la legislación tiene como fin preservar los ecosistemas y garantizar la calidad de vida de los catamarqueños, especialmente de los sectores más vulnerables a los efectos del cambio climático.
La ley también promueve la coordinación territorial a nivel municipal para fomentar el desarrollo de políticas ambientales locales y una participación activa de las comunidades en el nuevo paradigma de desarrollo sustentable.
Un aspecto clave destacado por la senadora Soledad Blas, presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Medio Ambiente, quien también fue miembro informante del proyecto en el Senado, es la creación de sanciones para quienes no cumplan con los acuerdos establecidos en la ley. En abril, Blas subrayó la importancia de este punto, afirmando: "Se prevé también sancionar a aquellos que no cumplan los acuerdos o que vayan en contra de esta nueva reglamentación, así como también se insta a los municipios a formar parte de este nuevo paradigma de desarrollo sustentable, a través de la coordinación territorial y la participación activa de las municipalidades, mediante acciones de fomento y formación en relación con esta problemática compartida".
En este contexto, surge la pregunta sobre la efectividad de estas sanciones y su capacidad para garantizar que las industrias que operan en la provincia cumplan con el nuevo marco regulatorio. ¿Será posible que las empresas se ajusten a los parámetros establecidos, no solo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en otros aspectos críticos como el uso responsable del agua y la gestión de los territorios? La ley establece límites, pero resta por ver si las medidas serán lo suficientemente efectivas para evitar el exceso de consumo de recursos y las consecuencias ambientales de una expansión industrial desmedida.
Contexto global y compromiso nacional
La sanción definitiva de esta ley se da en el contexto de un compromiso global para frenar el cambio climático. En 2016, Argentina ratificó el Acuerdo de París y se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, con una meta intermedia para 2030 de no superar las 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en emisiones netas.
La implementación de esta ley se alinea con varias políticas nacionales, como el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y la Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono, que buscan reducir las emisiones de GEI y promover el uso de tecnologías más sostenibles en sectores clave como la energía y el transporte.
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