El sistema universitario público argentino resolvió realizar una nueva marcha federal este miércoles 2 de octubre, en defensa de la educación pública y gratuita y del presupuesto universitario.
El Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento de las universidades públicas, con el objetivo de actualizar y recomponer los salarios docentes y no docentes y el presupuesto universitario de acuerdo a los índices inflacionarios, teniendo en cuenta que los salarios, principal componente del presupuesto, perdieron alrededor del 50% de su capacidad de compra desde diciembre de 2024 a la fecha.
En ese marco, se explica que, como todos los años, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó a la Secretaría de Educación de la Nación el presupuesto para las universidades públicas teniendo en cuenta principalmente 3 componentes:
a. Salarios docentes y no docentes: se calculó previendo la recomposición salarial para recuperar la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación.
b. Gastos de funcionamiento, incorporando una actualización por inflación y un aumento en estos gastos tomando en consideración, por ejemplo, el importante aumento en el costo de los servicios que tiene un fuerte impacto en los costos totales de funcionamiento.
c. Financiamiento de programas especiales, anualmente se definen programas de fortalecimiento de las actividades de extensión, investigación, equipamiento, posgrado, entre otras, y se le asignan fondos para su ejecución.
El presupuesto elevado por el CIN a las autoridades nacionales para su posterior envío al Congreso de la Nación alcanza un valor total de 7,1 billones de pesos.
En cambio, el presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación es de 3,8 billones de pesos para el conjunto de las universidades lo que constituye sólo el 53,5% del presupuesto elevado por el CIN.
¿Por qué tanta diferencia?
La causa más importante está vinculada a los salarios docentes y no docentes que son el principal componente del presupuesto universitario. Los salarios perdieron aproximadamente 50% comparado con la inflación. El CIN incorpora la actualización de los salarios de acuerdo a los índices inflacionarios y el PE no, por lo que intenta dejar firme la caída de los salarios universitarios.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, el PE no los actualiza de acuerdo a la inflación de 2024, y no tiene en cuenta el importante aumento de los servicios públicos. Además, no asigna fondos para el financiamiento de programas especiales.
En estos tres componentes se explica en gran medida la importante diferencia entre los presupuestos presentados por cada parte.
Un párrafo aparte es el financiamiento de la infraestructura universitaria que no se incorpora al presupuesto universitario, por el contrario, es clara la decisión de que no haya nuevas obras en las universidades públicas.
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