Desde la confirmación del tratamiento a la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sectores de la sociedad y del arco político se manifestaron a favor y en contra de esta ley que propone un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que, a las compañías que inviertan más de US$ 200 millones en el país se les garantice estabilidad fiscal durante 30 años.
Esta mañana empezó la tarea legislativa para definir el consentimiento al Régimen. El sector más crítico en contra a la medida, como lo son el MST, Partido Obrero y las asambleas defensoras del medio ambiente, se manifiestan frente a la Legislatura. Lucia Galíndez, de la Asamblea Ríos Vivos de Las Juntas, habló con TVeo sobre el reclamo: "aunque esto se vote sobre tablas, porque ni siquiera se están respetando los principios legislativos para poder escuchar todas las voces y tener un debate como corresponde, democrático. Nos seguimos haciendo presentes".
"Antes este régimen de inversiones, ya los territorios vienen siendo saqueados, contaminados. Los ciudadanos y las ciudadanas venimos siendo totalmente vapuleados porque no se respetan las leyes de acceso a la información, la ley de medio ambiente, el Acuerdo de Escazú, hay muchísimos derechos humanos que están siendo totalmente vulnerados con la votación de este régimen", criticó Galíndez.
También se expresó sobre la negativa al pedido de las asambleas para participar del debate en el plenario de comisiones: "Hemos venido presentando notas pidiendo que nos permitan entrar en las comisiones desde hace tres semanas. Las notas no han sido tomadas en cuenta, nos han dado respuestas rarísimas como que no llegaron, cuando nosotros hemos presentado en tiempo y forma, y, sin embargo, no nos han dejado entrar. Han dejado entrar a todo el mundo menos a las asambleas, menos a los espacios, menos a los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, que estamos acá desde hace un montón pidiendo que se escuche nuestra voz".
Para la representante de la Asamblea, la adhesión a la ley significa "darle más poder a todo lo que es el extractivismo", además puntualizó sobre lo que establece la ley sobre los estudios de impacto ambiental para los proyectos inversores: "El RIGI dice que se van a hacer estudios de impacto socioambiental en 45 días y nosotros sabemos que eso es imposible. Un estudio serio de impacto socioambiental se hace en un año, jamás se puede hacer en 45 días. Eso es una de los miles de cosas que este régimen de inversiones nos miente y en los que atenta contra nuestra salud".
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