Algo ocurrió puertas adentro del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) para que la predisposición al diálogo cambiara por confrontación y chantaje. Para que los buenos acuerdos salariales, que siempre fueron la envidia del resto del sector público, corran riesgo de convertirse en arreglos lógicos y más atados a la crisis fiscal del momento. Sea por convicciones colectivas o por malas influencias, el gremio de los municipales capitalinos ha quedado al borde de perder mucho más que la brújula.
El 12 de marzo pasado, el municipio y el gremio acordaron un incremento salarial del 40% a pagarse en tres tramos. La última cuota, equivalente al 15% del total, se liquidó con los sueldos de abril.
Con ese arreglo, la categoría 1 (representa el 18% de la planta municipal) cobraría un sueldo mínimo de $400 mil, mientras que la categoría 11 (22% de la planta) percibiría $550 mil en promedio. Eso sin considerar las horas extras y otros ítems que acrecientan el sueldo de bolsillo. O sea, una base de ingresos superior a lo que hasta allí pagaba la Provincia.
En esa oportunidad, las partes decidieron que este mes se sentarían de nuevo para abordar la actualización. La reunión se llevó a cabo efectivamente el jueves 9 de mayo. Allí el SOEM presentó un pedido de aumento del 50% en un solo pago. La sorpresa de los funcionarios capitalinos fue indisimulable, no solo por el número en sí sino por la pretensión de que no hubiera cuotas, a diferencia de los acuerdos anteriores.
De todos modos, gremialistas y funcionarios resolvieron hacer una segunda reunión este mismo mes. El propio secretario general del gremio, Luis Álamo, salió del Palacio municipal y dijo a la prensa que iban a esperar ese nuevo encuentro antes de decidir si tomaban medidas de fuerza.
No fue así. Apenas 12 horas después, el SOEM convocaba a un paro por tiempo indeterminado en reclamo de ese incremento salarial del 50 por ciento. Cerraba de esa forma la puerta a la negociación. No más diálogo, paro total y que no haya represalias. “Tocan a uno, tocan a todos”, rezaba la consigna de los gremialistas.
Sin parámetro
La pretensión puntual del gremio es por demás llamativa. De acuerdo con el INDEC, en marzo de 2024 el índice de salarios se incrementó 10,3% mensual en promedio entre el sector público y el privado registrado, mientras que la suba en el trimestre enero-marzo llegó al 45,5%. El informe de abril está en proceso.
De todos modos, el parámetro más ajustado al contexto catamarqueño es el establecido por los acuerdos salariales pactados por el Gobierno con los distintos sectores del Estado provincial, en un rally de cuatro días consecutivos entre el lunes 20 y el pasado jueves 23.
- Administración central y Vialidad: aumento del 18% a partir de mayo (con base en abril) y dos bonificaciones extraordinarias de $50.000 cada una, a pagarse en mayo y en junio. El acuerdo fue suscripto por UPCN, ATE y el Sindicato de Vialidad provincial.
Con este incremento, el salario mínimo neto en el Estado quedó fijado en $424.800.
Las partes acordaron además que los salarios se actualizarán en función del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) publicado por el INDEC, de forma bimestral y acumulativo.
- Salud: el Ejecutivo y ATSA también firmaron un incremento salarial del 18% desde mayo, más dos bonos de $50.000 para el personal con contratos de guardias médicas a pagarse en mayo y junio. Al igual que los sectores anteriores, el sueldo neto mínimo quedó establecido en $424.800.
- Educación: el Gobierno pactó con los gremios del sector un incremento acumulativo del 15% para mayo y del 10% para junio y dos bonos extraordinarios de $30.000 para mayo y junio. Se garantizó un salario mínimo docente en $350.000 a partir de mayo, $375.000 en julio, $400.000 desde septiembre y $425.000 a partir de noviembre. La próxima reunión será en diciembre.
- Seguridad: el Ejecutivo pagará dos bonificaciones extraordinarias de $30.000 en mayo y junio. Y se confirma el aumento salarial dispuesto en enero pasado. La próxima actualización será en julio, junto con el resto de la administración pública.
A la hora de sellar estos acuerdos, el Gobierno aclaró que se tuvo en cuenta que la inflación de abril, según el INDEC, fue del 8,8%. Si se reitera un porcentaje similar en mayo -pese a que se prevé que sea inferior, más por la recesión que por la recuperación económica-, el nivel salarial en el sector público provincial habrá superado el aumento del costo de vida del bimestre.
En definitiva, el reclamo del SOEM al municipio de un incremento del 50% en un solo pago casi triplica la mejora salarial que la Provincia estableció, con pleno acuerdo de los gremios de cada sector y sin protestas previas, a partir de este mes.
Es más, los sindicalistas municipales no justificaron en qué se basaron para exigir un incremento que hoy en el país solo puede encontrarse en los convenios de los sectores privados más dinámicos, como el petrolero o el farmacéutico.
Oferta municipal
Frente a la medida de fuerza sin término y la negativa a sentarse a la mesa de negociación, la jugada del municipio fue proponer un incremento salarial similar al de la Provincia; esto es, asegurar un mínimo de bolsillo de $424.800 a partir de mayo, más dos bonos de $50.000 a pagar en junio y julio. Así, en junio un municipal de la categoría más baja cobraría $474.800.
El argumento que subyace en la oferta oficial se puede resumir en una pregunta: ¿por qué un empleado municipal debería cobrar más que un empleado provincial? Aunque en realidad, entre horas extras y otros adicionales, buena parte de los municipales están por arriba de sus pares provinciales.
Mientras, es un hecho que el paro del SOEM se debilita con el paso de los días. Por caso, los principales servicios que presta la comuna siguen sin mayores inconvenientes: la basura se recolecta regularmente; la ciudad está limpia en general; las postas funcionan, al igual que las oficinas con atención al público y hay agentes de tránsito trabajando en la calle, pese a que siempre fue una de las áreas más críticas de la Capital en cuestión de eficiencia.
Eso implica otra cosa, quizás más preocupante: si las movilizaciones callejeras del gremio pueden ser consideradas multitudinarias y al mismo tiempo el municipio funciona, entonces parece caer de maduro que la planta está sobredimensionada.
La sombra de Arévalo
Si algo llamó la atención en la dura apuesta del SOEM fue el cambio de actitud de su máxima autoridad, Álamo, quien hasta hace dos semanas se mostraba como un interlocutor dialoguista, sensato y pacífico. Todo lo opuesto a su antecesor, el flamígero Walter Arévalo.
Precisamente, Arévalo fue quien tuvo a mal traer a Raúl Jalil en sus 8 años como intendente capitalino. No solo porque protagonizó las movidas municipales más brutales, con quema de gomas, vuelco de contenedores de basura en las calles y resistencia al orden, sino porque además consiguió todo lo que se propuso. Un ejemplo: en 2018 logró que el Ejecutivo municipal designara a su esposa y secretaria gremial del SOEM, Eugenia Varela, como directora de Tránsito, luego de presionar públicamente por una “reestructuración” del organismo.
En la gestión de Gustavo Saadi, Arévalo intentó seguir con sus prácticas patoteriles, pero no le fue nada bien. En agosto de 2020, quedó detenido luego de apostarse frente al domicilio del secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Alberto Natella, quien lo denunció por amenazas y hostigamiento. Hace unos días, la Justicia confirmó que Arévalo finalmente irá a juicio por los delitos de amenazas y coacción agravada.
Lo cierto es que Arévalo dejó la secretaría general del SOEM, pero en los hechos sigue manejando los hilos del poder interno. Por caso, esta semana se viralizó un audio en el cual desestima la propuesta salarial del municipio. Además, fue visto muy activo en una de las movilizaciones céntricas.
Pero hay más. En el mundillo de los trabajadores municipales se sabe que es Arévalo quien está detrás del sistema de préstamos de dinero a los afiliados. Se trata de una organización mutual que se alimenta de las cuotas solidarias que aportan por planilla los empleados de planta.
Se estima que esa “financiera” embolsa unos 15 millones de pesos por mes para manejar la operatoria de los préstamos personales. Un incremento salarial del 50%, como pide el SOEM, aseguraría una caja de $22 millones para engrosar las utilidades.
Sin embargo, todo indica que no habrá tal “inyección” de recursos. El municipio ya decidió que no pedirá la conciliación obligatoria en la Dirección de Inspección Laboral y que descontará los días de paro (hasta ahora 10). Si el gremio decidiera sentarse a dialogar sobre la propuesta salarial, debe asumir de antemano que las horas extras no son negociables: si no fueron trabajadas, no se pagan.
¿Cuál es el límite del conflicto municipal? Como están hoy las piezas sobre el tablero, al SOEM le queda una sola jugada razonable.
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