Esta mañana se llevó a cabo en la Sala de la Cámara de Apelación y Exhortos, la audiencia de oposición que solicitaron los exmagistrados Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, imputados por “cohecho pasivo”.
Lo que buscan es evitar la elevación a juicio dictada por la Jueza de Control de Garantías, Cecilia Más Saadi el mes pasado. “Se ventilaron claramente los motivos por los cuales el requerimiento y el auto de elevación a juicio son absolutamente incapaces de sostener el grado de probabilidad que se exige en esta etapa. Y se solicitó el sobreseimiento como no puede ser de otra manera”, manifestó Da Prá al respecto de la audiencia.
El hecho en concreto, ocurrió en el 2020, cuando se envió un video a través del correo electrónico a la Sala de Sumario de la Corte de Justicia, que mostraba a los exmagistrados en su despacho recibiendo un sobre con lo que sería dinero.
Es justamente esta, la prueba “más importante” en la causa, y la defensa sostiene que se incorporó de forma irregular.
El abogado Gonzalo Ferreras consideró que tampoco se investigó a la persona que supuestamente se beneficiaría ni a la que filmó. “Es por lo menos llamativo que no haya habido ni el más mínimo esfuerzo para terminar de cerrar la película”, criticó.
En ese sentido, insistió con que se vincula “una supuesta entrega de dinero que no se ve y se la atribuye a una persona que ni siquiera es mencionada en el video”.
Por este motivo, Ferreras dijo que esperan que se le dé “un marco de razonabilidad al proceso penal”, lo que implica el respeto de los procedimientos y los protocolos de actuación.
“Todo ha sido movido (…) perdiendo de vista que el material ha sido editado y que los peritos de Gendarmería dijeron que no se puede determinar ni la fuente, ni el origen, ni el lugar de creación”, explicó el letrado.
“Hay palabras que se escuchan en ese video que no se pueden atribuir a ninguna persona, no es serio el video”.
Gonzalo Ferreras, abogado de los exmagistrados
Asimismo, Da Prá subrayó la “subjetividad con la que el fiscal se manejó durante todo el proceso”, en el que según dijo, al ejercer la promoción de la acción penal de oficio “subrogó un denunciante inexistente que desde el principio se denominó Juan Pérez”.
Por estos motivos, Ferreras se mostró optimista sobre el resultado de la causa, porque “la ley y los criterios jurisprudenciales son uniformes” en cuanto a la recepción de los videos sin editar como medio de prueba, y que en este caso, no habrían seguido los protocolos de seguridad ni de respaldo mínimos requeridos en un registro electrónico.
Niegan además los hechos que dieron lugar a la causa y aseguró que hasta el momento no se acreditó nada de lo denunciado. “No tiene asidero jurídico y espero que la Cámara se haga eco de nuestro planteo”, apuntó.
“El resultado no tiene que ser otro más que el sobreseimiento de los magistrados involucrados”, concluyó.
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