Una propuesta presentada por el legislador opositor Juan Pablo Peirone generó un intenso debate en la provincia de Córdoba. El proyecto plantea la posibilidad de cobrar aranceles a residentes de otras jurisdicciones y países por ciertos tratamientos y cirugías realizadas en hospitales públicos cordobeses. Si bien la iniciativa no contempla cobros para emergencias, generó controversia y distintas opiniones.
La propuesta se fundamenta en la supuesta saturación del sistema de salud provincial, atribuida a la crisis económica nacional. Una de las voces críticas al respecto es la de Marta Guerreño López, presidenta de la Unión de Colectividades y Migrantes de Córdoba, quien considera que el proyecto es una distracción de asuntos más urgentes y necesarios para los cordobeses.
Guerreño López destacó que Córdoba no es una provincia fronteriza y que la afluencia de pacientes de otras jurisdicciones o países es mínima en comparación con otros lugares. Además, señaló que los residentes con documentación argentina tienen derecho a recibir atención médica gratuita en igualdad de condiciones.
Cristian Frías, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura cordobesa, anunció que el proyecto será evaluado en comisión. Mientras tanto, desde el oficialismo de Hacemos por Córdoba no parece haber un respaldo inmediato a la propuesta. Frías destacó que ya existen convenios entre el Ministerio de Salud de Córdoba y otras provincias para el recupero de gastos por pacientes no residentes.
La iniciativa de Peirone, respaldada por otros legisladores del mismo bloque, plantea regular el acceso a los servicios de salud para residentes de otras provincias y países que se atiendan en centros de salud públicos cordobeses. Propone la creación de aranceles y un régimen de reciprocidad para compensar los costos de la atención médica. La propuesta aún debe ser discutida y analizada en detalle en la Legislatura provincial.
Esta controversia recuerda la medida adoptada por el gobierno de Salta en febrero de este año, que estableció el arancelamiento de la atención sanitaria para extranjeros temporales como medida para garantizar la solvencia del sistema de salud público. La decisión salteña redujo la prestación a personas de paso del exterior en los centros de salud provinciales.
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