El Gobierno nacional anunció este jueves la derogación de la resolución que exigía paridad de género en empresas y asociaciones civiles, establecida durante la gestión anterior. La medida, oficializada a través de una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), elimina la obligación de conformar equipos con igual cantidad de hombres y mujeres en dichas entidades.
La Resolución General 13/2024, publicada en el Boletín Oficial, revoca las normativas emitidas en 2020 y 2021 durante el mandato de Alberto Fernández. Esta derogación libera a las empresas y asociaciones civiles de la obligación de garantizar la igualdad de género en sus órganos de administración y fiscalización.
La decisión, aunque recibió críticas, se justificó en fallos judiciales que cuestionaron la competencia del Gobierno para imponer estas normativas. El argumento principal es que la imposición de un cupo de género podría considerarse una intromisión en la libertad de los particulares para constituir sus órganos de gobierno.
Según la IGJ, varios tribunales declararon la inconstitucionalidad de la resolución, argumentando que excedía las facultades del Ejecutivo y que afectaba la igualdad de oportunidades para todos los postulantes.
El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, defendió la medida, señalando que la institución respetó los fallos judiciales que declararon la nulidad de la normativa anterior. Afirmó que la decisión refleja el respeto a la institucionalidad y a la libertad de los particulares para conformar sus entidades jurídicas. Sin embargo, la derogación generó debate sobre el impacto que podría tener en la igualdad de género y en el acceso de las mujeres a cargos directivos.
A pesar de las críticas, el Gobierno sostiene que esta medida está en línea con el respeto a las decisiones judiciales y con la garantía de la libertad de los ciudadanos para conformar sus organizaciones conforme a sus propias elecciones.
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