El gobernador Raúl Jalil firmó hace semanas el decreto de llamado a Sesiones Extraordinarias de la legislatura con un listado de temas a tratar, entre los que se encontraba el de emergencia económica. Poco se conocía hasta el momento, pero en el transcurso de la mañana el proyecto ingresó Diputados y se difundieron detalles de las pretensiones del Ejecutivo plasmadas en el proyecto.
La iniciativa comprende, de acuerdo a los argumentos del texto, a los tres poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, las distintas áreas de la Administración Central, descentralizada, Entidades Autárquicas y Sociedades del Estado, por el término de un año a partir de la entrada en vigencia y con posibilidad de ser prorrogada por un año más.
Entre los puntos clave a destacar del documento está la prohibición de efectuar contrataciones o designaciones de personal que importen incrementar el gasto por ese concepto. “Los actos que así lo dispongan serán nulos y no producirán ningún efecto”, establece uno de los artículos. No obstante hay excepciones de lo anterior en las áreas de salud, educación y seguridad, siempre y cuando sean "por razones de estricta necesidad”.
En el primer capítulo la ley habilita a realizar modificaciones en las modalidades de trabajo de los empleados, por ejemplo imponer el teletrabajo, reasignar funciones y organismos de prestación de servicio, revisar y revocar el otorgamiento de licencias especiales.
Retiro anticipado
Otro de los capítulos de la ley de emergencia económica gira en torno al régimen anticipado de retiro voluntario. Los agentes de planta permanente que se encuentren en efectivo servicio al 31 de diciembre de 2023 y que posean cinco años o más de antigüedad en sus cargos, son los que están en condiciones de acogerse al beneficio. Quedan exceptuados de esta posibilidad personal del escalafón de seguridad, carrera de personal sanitario, docentes, entre otros. El texto brinda detalles de los montos a percibir por quienes deseen acogerse al retiro anticipado.
En cuanto a las y los trabajadores públicos que estén en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria a la fecha de entrada en vigencia la ley, serán intimados a iniciar los trámites para obtener el beneficio de pasividad correspondiente, cesando en la prestación de sus servicios.
La ley ingresó a la Legislatura y en la Sesión Extraordinaria de Diputados de mañana podría tomar estado parlamentario.