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DNU: ¿cómo sigue la batalla judicial?

Luego del anuncio del Gobierno Nacional, en el que informa su decisión de apelar el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, por el que se frenaron las reformas laborales dispuestas en el DNU, se analizan los posibles caminos que esta contienda judicial puede tomar.

La Cámara Nacional del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que pedía suspender el capítulo laboral del DNU 70/2023, presentado por el presidente Javier Milei. 

Ante el resultado adverso del fallo, el Gobierno Nacional comunicó a través de la Procuración del Tesoro, que apelará. Cuenta con un plazo de tres días para presentar el recurso. La posibilidad que se abre luego de esto es que, de concederse el recurso extraordinario, se llegará a la Corte Suprema de Justicia. En caso de ser negado, lo será mediante una presentación directa. 

La intervención de la Corte Suprema en ese sentido es inevitable, pero lo hará luego de la feria judicial de enero.

La otra opción que se maneja, es que el fuero Contencioso Administrativo Federal reclame al Laboral que todas las presentaciones contra el DNU queden en aquel fuero, y que por lo tanto, la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo sea eventualmente anulada.  Esta es la variante esperada por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la Cámara Nacional del Trabajo dijo que los planteos resueltos ante el pedido de la CGT y el primero iniciado en el Contencioso son de distinta naturaleza, con lo cual todo hace pensar que no se resignará a enviar el expediente a aquel fuero. 

Frente a este panorama, la eventual pelea de competencia sobre quién debe tramitar los amparos, tendrá que ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia

Conflicto

La medida cautelar, otorgada en respuesta al reclamo de la CGT, generó tensiones legales al contradecir el criterio de tribunales anteriores que remitieron la causa al juez natural correspondiente.

En este contexto, la decisión de apelar se fundamenta en el principio de la defensa del Estado Nacional y la preocupación por la posible suspensión de políticas públicas delineadas por el Poder Ejecutivo Nacional.